por Adrián Trejo

Tres casos que atentan contra la libertad de expresión ocurridos en los últimos días contradicen el discurso presidencial de libertades en tiempos de la 4T.

El primero es el caso del columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, a quien el ¡organismo electoral! de Tamaulipas ordenó bajar de la página web del diario una columna en la que reprodujo un informe oficial de la Secretaría de la Defensa sobre los nexos de funcionarios locales con la delincuencia organizada.

La denuncia en contra del periodista, de El Universal y de Código Magenta, fue presentada por la entonces candidata a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado, Tania Gisela Contreras López.

En dicho informe, se hace referencia a los lazos familiares de Gisela Contreras con miembros de la llamada “Columna Armada Pedro J. Méndez’’, reconocida como brazo del Cártel del Golfo, lo que le molestó a tal grado que recurrió a una denuncia ante el ¡Tribunal Electoral! del estado, que ordenó al columnista y a los dos medios de comunicación eliminar dicha información de todas sus plataformas.

Y fue más lejos; al periodista se “le prohibió’’, volver a tocar el tema.

De Mauleón, El Universal y Código Magenta impugnaron y el tema aún está en tribunales.

Este asunto en particular todavía tiene tela de donde cortar pues, aún con todas las evidencias publicadas, Contreras López, alfil de Américo Villarreal, ganó “la elección’’ y será la nueva presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

El segundo caso es el de la gobernadora Layda Sansores, a quien una parodia le cayó tan de peso, que utilizó todos los recursos del estado de Campeche para que una jueza vinculara a proceso a un conocido periodista regional, Jorge González Valdez.

La jueza Guadalupe Martínez Taboada, con quién sabe cuáles argumentos, avaló la cacería de Sansores en contra de González Valdez, a quien, previamente, el vocero oficial del gobierno había ganado un juicio “por daño moral’’ y reclama el pago de dos millones de pesos.

También ahí el fallo va más allá de la justicia pues la sospechosa jueza ordenó el cierre del diario digital “Tribuna’’ y le prohibió al periodista ¡ejercer su profesión!

El tercer asunto es tan penoso como cómico.

Ocurrió en Puebla, cuando la semana pasada el Congreso local aprobó una ley contra ciberdelitos, que en realidad fue un mandato del gobernador Alejandro Armenta, a quien las críticas le causan urticaria.

Dicha ley, aprobada en fast-track y publicada por Armenta apenas unas horas después en el Diario Oficial poblano, castiga el “ciber asedio’’, definido como “quién insulte, ofenda, agravie o veje a otra persona con insistencia suficiente para causarle un menoscabo importante en su salud’’.

A pesar de esta ambigüedad, dicha ley fue aprobada, aunque Armenta reculó y ahora realizarán “foros’’ para conocer la opinión de especialistas.

Los virreyes de la 4T.

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Alejandro Moreno, presidente del PRI, presentó ante el INE el primer recurso documentado para pedir la anulación de la elección del poder judicial.

Moreno presentó pruebas sobre cómo fue manipulado el proceso, comenzando con los famosos acordeones, y otras que le fueron proporcionadas por observadores internacionales presentes el día de la elección.

El tema no quedará solo en la denuncia ante la autoridad electoral -el siguiente paso será recurrir al Tribunal Electoral-, sino que el dirigente del partido tricolor anunció que recurrirá a instancias internacionales, como la ONU, a denunciar cómo es que la “elección’’ fue solo la convalidación de los candidatos que habían escogido previamente, el gobierno y su partido.

En pocas palabras, la cruzada apenas comienza.

    @adriantrejo