SCJN ordena liberar a Juana Hilda González Lomelí, presa 19 años por el caso Wallace; fue víctima de tortura y violaciones al debido proceso.
SCJN ordena liberar a Juana Hilda González Lomelí, presa 19 años por el caso Wallace; fue víctima de tortura y violaciones al debido proceso.Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este martes la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien llevaba 19 años en prisión por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la Corte resolvió otorgar un amparo liso y llano a la mujer, quien fue víctima de tortura y otras violaciones a sus derechos durante su proceso judicial.

El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propone restituir los derechos de González Lomelí, señalando que su detención estuvo plagada de irregularidades que no deben mantenerse impunes.

Caso Wallace: un expediente marcado por la polémica

El secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, ocurrió el 11 de junio de 2005 en la Ciudad de México. Según versiones oficiales, fue capturado en inmediaciones de Plaza Universidad, cuando se encontraba acompañado.

Pocos días después, los supuestos captores se comunicaron para exigir un rescate. La madre denunció el crimen el 13 de julio de 2005, y en los meses siguientes, se desplegó una amplia operación mediática y judicial para capturar a los presuntos implicados.

Tortura y fabricación de culpables: el caso de Juana Hilda González Lomelí

Juana Hilda González Lomelí fue detenida el 10 de enero de 2006. De acuerdo con la defensa, tras su captura fue trasladada a instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), donde fue drogada y torturada para que involucrara a más personas.

En 2011, recibió una condena de 78 años de prisión por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y su defensa legal han señalado en múltiples ocasiones que su confesión fue obtenida mediante coerción y sin garantías de un juicio justo.