Profepa clausura predio en ANP Bala’an k’aax por cambio de uso de suelo sin autorización. Acción afecta 2,200 m² de selva en Tekax, Yucatán.
Profepa clausura predio en ANP Bala’an k’aax por cambio de uso de suelo sin autorización. Acción afecta 2,200 m² de selva en Tekax, Yucatán.Foto: Profepa

Ecocidio en Yucatán: Ayer, durante un evento de limpieza de playas en el puerto de Progreso, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, declaró que "se aplicará todo el peso de la ley contra los ecocidios en el estado", y recalcó que “no habrá tolerancia para quienes destruyan la naturaleza”.

Esta postura reactiva el debate sobre un concepto que suena con fuerza en el ámbito ambiental: el ecocidio. Sin embargo, en el Código Penal de Yucatán, este delito no está tipificado, lo cual deja un vacío jurídico a nivel local.

Entonces, ¿qué es el ecocidio?, ¿está penado en México?, ¿quién investiga estos casos y qué daños ambientales se han denunciado en Yucatán?

¿Qué es el ecocidio?

El término ecocidio se refiere a la destrucción masiva del medio ambiente causada por la actividad humana, de forma deliberada o negligente. La Corte Penal Internacional ha propuesto su reconocimiento como el quinto crimen internacional, junto al genocidio y los crímenes de guerra.

En México, el Código Penal Federal no menciona el término "ecocidio" como tal, pero sí contempla conductas que pueden constituirlo. El artículo 420 establece penas de uno a nueve años de prisión y multas de hasta 3,000 días para quien dañe recursos naturales como bosques, selvas, manglares o especies protegidas.

¿Qué entra dentro del delito de ecocidio según la ley mexicana?

Las acciones que se consideran delitos ambientales en México incluyen:

  • Deforestación ilegal de selvas y bosques.
  • Daño a ecosistemas como manglares, arrecifes o humedales.
  • Contaminación de suelos o cuerpos de agua.
  • Explotación de especies en peligro de extinción.
  • Construcción sin permisos en áreas naturales protegidas.

El artículo 420 Bis castiga con hasta 10 años de prisión a quienes dañen ecosistemas costeros y recursos naturales con impactos graves e irreversibles.

¿Está penado el ecocidio en Yucatán?

No de forma directa. El Código Penal del Estado de Yucatán no incluye la figura del ecocidio como delito autónomo. Sin embargo, las conductas que lo integran sí pueden ser sancionadas mediante leyes federales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Código Penal Federal, por lo cual las autoridades federales tienen facultad para intervenir.

¿Qué casos de ecocidio se han investigado en Yucatán?

En los últimos años, se han documentado varios casos en el estado que han motivado investigaciones por parte de la Profepa, la Semarnat y la Fiscalía General de la República:

  • Reserva Biocultural del Puuc: En 2024 se denunció la devastación de más de 10 km de selva para proyectos inmobiliarios. La Profepa clausuró el predio y Jibiopuuc colaboró entregando pruebas a la FGR.
  • Zona costera de Sisal: Organizaciones civiles han denunciado destrucción de dunas y manglares por parte de desarrollos turísticos ilegales. La Semarnat confirmó los daños y se inició una investigación.
  • San Crisanto y Celestún: Se detectaron construcciones ilegales en zonas costeras sin autorización ambiental. Las autoridades federales clausuraron obras y abrieron carpetas de investigación.

¿Ha habido sanciones por ecocidio en Yucatán?

Hasta el momento no se ha dictado sentencia penal firme por delitos ambientales graves en el estado, aunque varias investigaciones siguen en curso. La falta de tipificación local del ecocidio y los procesos burocráticos en instancias federales han dificultado las sanciones. No obstante, la reciente postura del gobernador abre la puerta a fortalecer la aplicación de la ley y exigir la reparación del daño ambiental.

¿Quién investiga los ecocidios?

  • Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente): Clausura obras, impone sanciones administrativas y presenta denuncias penales.
  • Semarnat: Evalúa los impactos ambientales y verifica que los proyectos cuenten con permisos.
  • Fiscalía General de la República (FGR): Lleva las investigaciones penales en casos de daño ambiental grave.
  • Juntas Intermunicipales como Jibiopuuc: Apoyan con monitoreo y documentación de los casos.