Los consejeros presidenciales
por Adrián Trejo
Las reformas constitucionales que la Corte rechazó a Andrés Manuel López Obrador estaban plagadas de errores de procedimiento legislativo y de interpretaciones jurídicas, atribuidas a los entonces consejeros jurídicos del entonces presidente.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de algunos de sus consejeros jurídicos que, sin estar informados correctamente, la embarcaron con una declaración que pasará a la historia.
Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que “le habían comentado’’ que en la Constitución había una disposición que privilegiaba a una mujer para presidir la nueva Corte, por encima de la persona que mayor votación obtuviera en la elección.
“El INE tendrá que definir’’, dijo la mandataria.
Un minuto después de su declaración, por diversos medios se publicó el artículo 94 de la Constitución que en su tercer párrafo establece, sin ningún espacio para la interpretación, que presidirá la Corte “quien mayor número de votos obtenga en la elección’’ correspondiente.
Con morbo se esperaba la declaración de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a quien Sheinbaum le pasó el balón.
Taddei, sin embargo, no se arriesgó a torcerle la mano a la Constitución y declaró que no había ninguna duda de que el presidente de la Corte será el candidato que mayor votación obtenga.
Las horas que transcurrieron entre la declaración de la Presidenta y la de Taddei, sirvieron para que se generarán cualquier cantidad de teorías, la más sonada, que Sheinbaum quería imponer a como fuera a Lenia Batres, pasando por encima de la reforma que ellos aprobaron.
Si esa era o no la intención, qué bueno que hubo un dejo de congruencia en Taddei y evitó que el proceso, cuestionado en su forma y fondo, terminara creando una crisis constitucional.
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Ahora que se publicita la captura de delincuentes de todos los calibres, es tiempo de revisar cómo está la política carcelaria en el país.
México, según datos oficiales, tiene una población total de 244 mil 448 personas privadas de la libertad.
Esta sobrepoblación carcelaria representa para el país un reto, sin duda, pero podría ser, bien administrada, una oportunidad.
En el país hay 275 penales, de los cuales 48.3% están sobrepoblados.
Solo en el primer cuatrimestre del año, las cárceles tuvieron un excedente de 67 mil 249 personas privadas de la libertad, en el marco de la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 fueron detenidas más de 14 mil 500 personas por delitos de alto impacto, como narcotráfico y homicidio doloso.
La estrategia podría tener un efecto como la de Bukele en El Salvador, en donde se redujo la criminalidad pero las cárceles se saturaron al grado que el presidente salvadoreño tuvo que construir un mega centro penitenciario de máxima seguridad.
Ello no habría sido posible si Bukele no hubiera contado con la colaboración de Ronald Johnson, exembajador de EU en El Salvador de 2019 a 2021, y ahora embajador en México.
Su perfil —con experiencia militar, de inteligencia y diplomacia— podría ser clave si se busca un enfoque conjunto en materia de seguridad y reforma penitenciaria.
México también tiene el potencial para desarrollar más infraestructura penitenciaria.
Por ejemplo, el Complejo Penitenciario Federal de Papantla, en Veracruz, es uno de los proyectos más ambiciosos del país: planeado para recibir a 2 mil 160 internos, ayudaría a aliviar la presión actual.
Otro sería Durango, donde el gobierno estatal cedió a la Federación un centro de rehabilitación social con capacidad para mil 900 personas. Gracias a ello, fue posible despresurizar cárceles al límite en otras regiones del estado.
@adriantrejo