Dice el refrán (y dice muy bien) que guerra avisada no mata soldado.
Estados Unidos nos lo advirtió. Una, dos y hasta tres veces. Primero fue el presidente Donald Trump, después fue el secretario de Estado Marco Rubio y enseguida la secretaria de Seguridad Interna Kristi Noem: Le recomendamos a México investigar a políticos de alto nivel presuntamente involucrados en el tráfico de fentanilo y migrantes. Dicha invitación, como ya es una costumbre, nos entró por un oído y nos salió por el otro. Sin embargo, al otro lado del río Bravo la fiscal general estadounidense Pam Bondi ya estaba haciendo su tarea…
Por eso, la cancelación de la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda (una de las consentidas del expresidente López Obrador) y la de su esposo Carlos Alberto Torres Torres, el dizque coordinador de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos en el gobierno de su mujer, no debe sorprendernos ni escandalizarnos. Mucho menos debemos tomar esta medida como una afrenta a México y a los mexicanos. Estados Unidos está haciendo lo que nosotros no: Investigar y ejecutar.
Ellos, Marina y Carlos, aseguran que la razón por la cual se les retiraron sus visas B1/B2 (las cuales se otorgan para turismo o negocios) se debe únicamente a una “medida administrativa” y que no existe ninguna acusación o investigación en su contra. O sea que los gringos abusivos se las quitaron nomás porque sí.
Como ya lo he señalado en varias ocasiones en este mismo espacio, la enemiga mortal de todos los políticos (sin importar sus siglas y colores) es la maldita realidad y, esa, de acuerdo a varios medios de comunicación estadounidenses, apunta a que en los próximos días se estarán dando a conocer más nombres de políticos mexicanos a los que les serán retiradas sus visas, por lo que varios personajes ya están comiéndose las uñas, entre ellos varios gobernadores actualmente en funciones como Alfonso Durazo (Sonora), Américo Villarreal (Tamaulipas), Rubén Rocha (Sinaloa) y también a exmandatarios estatales como Cuauhtémoc Blanco (Morelos), Cuitláhuac García (Veracruz) y Carlos Merino (exgobernador interino de Tabasco).
Y mientras son peras o son manzanas, el gobierno de Estados Unidos ya le respondió a México sobre esta situación: Los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense, por lo tanto, no podemos discutir sobre los detalles de cada visa. Y para agravar esta situación, al mismo tiempo los bancos Wells Fargo y Bank of America (dos de las instituciones bancarias más poderosas de la Unión Americana) dieron a conocer que cancelaban las cuentas que Marina del Pilar y Carlos Alberto tenían con ellos por presuntas sospechas de que el dinero depositado en ambas instituciones pudiera provenir de actividades ilícitas.
(Por cierto: Este dinero que les acaban de regresar al matrimonio Torres Ávila ¿estará debidamente desglosado y registrado en sus respectivas declaraciones patrimoniales?)
A mi en lo particular lo que verdaderamente me tiene sorprendida es que todavía no haya un pronunciamiento oficial por parte del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán y del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez.
¿Qué están esperando?
Contacto.- www.lapoliticamedarisa.mx
alessandriniyazmin@yahoo.com.mx
Twitter / X: @yalessandrini1