La liberación de delincuentes por determinaciones judiciales ha encendido las alarmas del gobierno federal. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), denunció este miércoles que en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han documentado 193 decisiones judiciales que favorecieron a presuntos delincuentes.
Según el funcionario, estas resoluciones han resultado en 164 egresos por cambio de medida cautelar y liberaciones definitivas, lo que representa más de 160 delincuentes de alto impacto que regresaron a las calles. “Estas decisiones no garantizan justicia a las víctimas; por el contrario, las revictimizan”, enfatizó García Harfuch.
Decisiones judiciales que favorecen al crimen
El titular de la SSPC explicó que además de las liberaciones, se registraron 27 traslados de personas privadas de la libertad sin cumplir formalidades del proceso. Estas decisiones han generado preocupación en las autoridades de seguridad, ya que debilitan la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Resultados de operativos contra el crimen organizado
García Harfuch también presentó los resultados recientes de las fuerzas de seguridad. Desde octubre de 2024 hasta mayo de 2025, se detuvieron más de 20 mil personas y se aseguraron más de 10 mil armas de fuego. En 19 estados, se destruyeron 896 laboratorios clandestinos, afectando severamente las finanzas de los cárteles.
Además, detalló que en Baja California Sur se detuvo a siete integrantes del cártel de “Los Mayos”, implicados en el homicidio de un agente estatal. Como parte del operativo Frontera Norte, se decomisaron más de 30 toneladas de droga, incluyendo un millón de pastillas de fentanilo.
Liberación de delincuentes pone en riesgo la seguridad pública
El secretario de Seguridad subrayó que mientras las fuerzas del orden logran detenciones estratégicas y decomisos importantes, las resoluciones judiciales pueden poner en riesgo los avances logrados. “La liberación de delincuentes sin un debido proceso es un retroceso que afecta directamente la seguridad pública”, sentenció.