La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una granja porcícola, la cual pertenece a la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, comisaría de Mérida, Yucatán.
La clausura ocurrió luego de que la empresa no presentó el permiso de descarga de aguas residuales, a pesar de haberle sido solicitado previamente, según informó la dependencia en un boletín de prensa.
De acuerdo con la Profepa, esta acción forma parte de las medidas que buscan garantizar que las instalaciones industriales respeten las leyes ambientales vigentes.
“La operación de esta megagranja sin permiso de descarga infringe la ley y representa una amenaza para el medio ambiente y la salud humana”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
Permiso de descarga ausente y razón social incorrecta
Además del cierre temporal total, la Profepa pidió a la empresa que entregue su Permiso de Descarga de Aguas Residuales vigente, emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp!Asimismo, según la Ley de Aguas Nacionales, artículos 88 y 88 Bis fracción I, toda descarga debe estar autorizada por esta entidad.
Sin embargo, durante la inspección, la empresa presentó un permiso a nombre de otra razón social, lo cual incumple con la normatividad.
Esta omisión motivó la imposición de la medida precautoria, ya que la ley exige que la autorización corresponda directamente al nombre legal de quien vierte aguas residuales.
Riesgo ambiental y afectación a la comunidad
Con la clausura de la granja porcícola Pecuaria Peninsular, la compañía no podrá aumentar el número de cerdos ni realizar operaciones que impliquen vertidos de agua. La Profepa indicó que la instalación representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo, cuerpos de agua, atmósfera y salud de las comunidades cercanas.
Finalmente, la procuradora anunció que continuarán las inspecciones a este tipo de instalaciones para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales y proteger a las poblaciones afectadas.