Poder Judicial y Ayuntamiento de Mérida coadyuvan en materia de Justicia para niños y adolescentes a fin de fortalecer fortalecer la atención institucional. Ambas instancias llevaron a cabo mesas de trabajo para actualizar el Protocolo Municipal de Actuación para Casos de Infracciones o Delitos Cometidos por Menores de Edad.
Por acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la magistrada Patricia Gamboa Wong, titular de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes, brinda asesoría y acompañamiento técnico al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Mérida (Sipinna Mérida).
Alineación con estándares nacionales e internacionales
Estas mesas permitieron revisar y armonizar el marco normativo vigente, incluyendo el Reglamento de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento de los Juzgados Cívicos, con base en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
“Esta labor busca garantizar una actuación institucional respetuosa de los derechos humanos de la infancia y adolescencia”, afirmó Gamboa Wong. Además, el Ayuntamiento de Mérida mostró disposición para colaborar activamente, lo cual refuerza su compromiso con el bienestar de este sector vulnerable.
Enfoque desde la perspectiva de la niñez
Durante los trabajos, se aplicó un enfoque de derechos de infancia y adolescencia, permitiendo identificar situaciones de riesgo que podrían derivar en infracciones administrativas cometidas por adolescentes. El objetivo es generar condiciones para reencauzar conductas de manera positiva, con medidas que incluyan un enfoque preventivo y educativo.
Participación interinstitucional y trabajo técnico
Participaron en estas mesas personal de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes, los jueces Luis Solís Montero y Manuela Chiu Dorantes, así como funcionarios municipales. Se revisó artículo por artículo el protocolo, buscando claridad, pertinencia y coherencia legal.
Gamboa Wong resaltó el papel fundamental de madres, padres y tutores en los casos de adolescentes en conflicto con la ley, ya que deben coadyuvar en la atención de las situaciones con una visión socioeducativa que vaya más allá de la simple reparación del daño.
“La corresponsabilidad familiar fortalece el proceso de reintegración y prevención”, concluyó la magistrada, al subrayar la importancia del entorno familiar como agente de cambio positivo.