La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), intervino para frenar la remoción ilegal de mangle botoncillo (Conocarpus erectus) en la zona federal de Sisal, municipio de Hunucmá, Yucatán.

Este ecosistema, vital para la protección de las zonas costeras, ha sido afectado por la actividad ilegal que se extendió sobre 23,000 m².

Detención de la devastación ambiental en Sisal


La Profepa realizó una visita de inspección a la comunidad de Sisal, donde constató que se estaba llevando a cabo la remoción del mangle utilizando motosierras, machetes y hachas. Hasta ese momento, la devastación alcanzaba una superficie de 10,400 m². Ante esta situación, la autoridad impuso una clausura temporal total en la zona afectada.

Continúan las violaciones a las medidas de clausura


A pesar de las medidas impuestas, los habitantes de la región continuaron con la remoción del mangle, afectando una nueva área de 12,600 m² el 26 de febrero.

La Profepa, en coordinación con la Semar, regresó al lugar para colocar cuatro nuevos sellos de clausura. El 27 de febrero, a pesar de las denuncias que indicaban el uso de maquinaria pesada, los inspectores no encontraron evidencia de trabajos de remoción ni maquinaria en la zona.

Denuncias ante la FGR


A raíz de estos actos de devastación, la Profepa interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la remoción ilegal del mangle botoncillo en la zona federal. La Procuraduría subraya que la remoción de este ecosistema es causa de sanciones tanto administrativas como penales.

La importancia de proteger los manglares


El mangle es esencial para la protección de las zonas costeras y actúa como un filtro natural que protege las costas de la erosión. La remoción ilegal de mangle no solo afecta la biodiversidad local, sino que pone en riesgo el equilibrio ambiental de la región.

El compromiso de la Profepa con la justicia ambiental


La procuradora Mariana Boy Tamborrell reiteró que la Profepa continuará con todas las acciones necesarias para sancionar a los responsables de estos daños y garantizar que no haya impunidad frente a la devastación de los bienes naturales del país.

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