Eliminar la criminalización del aborto, reformar el Código Penal para diferenciar la interrupción voluntaria del aborto forzado, garantizar la educación sexual integral en instituciones de salud y educativas para prevenir embarazos no deseados y asegurar el acceso a anticonceptivos, son los puntos medulares de las iniciativas para despenalizar la interrupción del embarazo en el estado, que en las próximas semana se estarán analizando en el Congreso.
Objetivos concretos
Esto con el objetivo de promover la autonomía reproductiva y evitar la penalización del derecho de las personas con capacidad de gestar a decidir sobre su maternidad, platicó la diputada presidenta de la comisión de Salud, Clara Rosales Montiel, en entrevista con 24 HORAS Yucatán
Tres ejes fundamentales
Señaló que lo que se pretende son reformas desde tres ejes fundamentales, pues la propuesta incluye modificaciones a la Constitución de Yucatán, así como adecuaciones a la Ley Estatal de Salud y al Código Penal del estado.
Mencionó que el estandarte de este movimiento es la educación sexual, la prevención y el acceso completo a la información para desarrollar una vida sexual segura y así tratar de evitar la interrupción al embarazo.
“Que la educación sexual vaya más allá de solo repartir anticonceptivos para desarrollar una sexualidad segura. Debe ser integral, se quiere llegar a escuelas, centros de salud con campañas, creando conciencia sobre anticoncepción y si una mujer no tuvo otra opción, no debe ser tratada como criminal por decidir interrumpir su embarazo”, afirmó la diputada.
Mencionó que esta ley es para toda la diversidad, “sí, es una iniciativa incluyente porque se considera a todas las personas con capacidad de gestar, abogamos por los hombres trans, las no binarias y por toda la diversidad de género y sexual que hay en nuestra comunidad, las personas mayas e indígenas”, agregó.
La diputada asegura que estos cambios son para el beneficio de todas las personas gestantes y se quiere llegar a todas esas personas aunque estén en el interior del estado, comunidades mayas y rurales, donde la falta de acceso a servicios de salud y barreras lingüísticas han generado injusticias.
“Los cambios que se prevén incluyen la modificación de las leyes de salud en todo el estado. Se trabajará para que la información llegue y se replique en los lugares más alejados, evitando así la necesidad de recurrir a prácticas clandestinas”, comentó.
Cambiar todas las partes de la ley
Por lo que en tema de los servicios de salud y el personal médico, la objeción de conciencia también se está legislando en Yucatán, menciona Clara Rosales, quien añadió que serviría de muy poco cambiar una parte de la ley si hay otra que sigue siendo una barrera.
“Puede que sí cambiemos la ley, pero si hay personas ahí que por sus creencias religiosas nieguen la atención, o te incitan a que cambies de opinión. No hacemos mucho, ningún trabajador de salud puede impedir que una persona tome una decisión sobre la interrupción del embarazo. La ley garantiza este derecho y busca evitar que las creencias personales influyan en la atención médica”, afirmó.
Rosales compartió que tras su experiencia en el activismo y su primer contacto con las problemáticas en Yucatán, incluyendo embarazos no deseados y abortos, momentos que han sido desgarradores, decidió trabajar en la presentación de este paquete, que hoy en día es una realidad.
“Es una iniciativa que surge de mi contacto con el activismo y se refuerza cuando realizo mi servicio social en ginecología y obstetricia, donde vi niñas de 10 años embarazadas, forzadas a maternar. Me desgarra que el sistema las condene”, dijo.
NEGOCIACIÓN
Tras la presentación de la iniciativa, el siguiente paso es el análisis y discusión en comisiones. Posteriormente, se elabora un dictamen con posibles modificaciones o abstenciones en ciertos artículos, el cual se somete a votación en el pleno.
En el caso de las leyes secundarias, su aprobación requiere mayoría simple, que se logrará con la bancada de Morena.
Sin embargo, para la reforma constitucional se necesita mayoría calificada, lo que implica obtener votos del PAN, PRI y MC