Ayuntamiento impugna suspensión de granja porcina en Yucatán
El Juez Cuarto de Distrito en Yucatán concedió una nueva suspensión en un amparo promovido por la niñez de Santa María Chí, ordenando la detención inmediata de las operaciones de la granja porcina operada por "Chumoxil, S.A. de C.V.", propiedad de Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz.
Esta decisión responde a los riesgos ambientales y de salud pública que representa la actividad porcina en la zona, según un boletín de la defensa legal de la comunidad maya.
Orden judicial: medidas urgentes
La suspensión obliga a las autoridades a implementar una serie de medidas inmediatas, entre ellas:
- Detener la introducción de nuevos cerdos a la granja.
- Mantener con vida a los animales que ya se encuentran en las instalaciones y evitar contagios.
- Continuar con el tratamiento de las aguas residuales.
- Mitigar los daños ambientales derivados de la presencia de la granja.
- Realizar inspecciones constantes para garantizar el cumplimiento de la suspensión.
- Exigir a la empresa el cumplimiento estricto de la orden judicial.
El Juez sustentó su resolución en la afectación a derechos fundamentales de la niñez, como el acceso a un medio ambiente sano, agua limpia y el equilibrio ecológico.
Asimismo, subrayó el "peligro inminente" de daños irreparables al acuífero de la península si la granja continuaba operando.
El Ayuntamiento de Mérida en contra de la suspensión
Pese a que en 2024 se habían otorgado dos suspensiones previas en el amparo 1889/2023, el Ayuntamiento de Mérida renovó la licencia de funcionamiento de la granja hasta el 31 de agosto de 2027.
Esta acción, según el fallo judicial, constituye una violación a los derechos humanos de la niñez y la comunidad.
No obstante, en un movimiento polémico, el Ayuntamiento impugnó la suspensión recientemente otorgada, argumentando que no tiene facultades para ordenar la clausura de la granja por supuestas infracciones ambientales.
Con esta impugnación, queda en evidencia su respaldo a los empresarios dueños de la granja y su desinterés por la protección de la población afectada.
Obligaciones inmediatas de la empresa y las autoridades
Con la suspensión en vigor, la empresa está obligada a detener toda actividad porcina y garantizar el bienestar de los animales ya existentes. Las autoridades responsables deberán realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de la orden y reportar cualquier incumplimiento ante el Juez de Distrito.