El segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos representa una amenaza significativa para el tejido social en México, lamentaron representantes de la asociación civil Poder Migrante Yucatán, la cual prevé la deportación de más de 10 mil yucatecos.
Toma de acciones
Miguel Ángel Martínez Contreras, presidente y César Michel Aldana, secretario de la asociación de Jaliscienses Unidos en Acción, coincidieron en que se verá un incremento en las deportaciones y es por ello que el Gobierno deberá tomar acciones para preparar a las familias en riesgo de ser separadas.
Martínez Contreras advirtió sobre los efectos que una crisis migratoria podría tener en Yucatán, hogar de más de 250 mil migrantes en Estados Unidos, de los cuales, calculó, podrían ser deportados entre 10 y 15 mil de estos.
Resaltó que las remesas, que alcanzaron los ocho mil 500 millones de pesos en 2024, son fundamentales para las familias y la economía. “Si estas remesas se reducen, no solo afectará a los receptores, sino también al comercio y al tejido social del estado”, sentenció.
Endurecimiento de las políticas migratorias
Michel Aldana destacó que el endurecimiento de las políticas migratorias de Trump afecta particularmente a las personas indocumentadas en Estados Unidos, quienes podrían enfrentarse a procesos de deportación masiva.
“Es vital que las familias comiencen a registrar a sus hijos nacidos en Estados Unidos como mexicanos en el Registro Civil, para asegurar su acceso a servicios y derechos básicos en caso de ser repatriados”, explicó.
Documentación en regla
El secretario también mencionó la necesidad de obtener documentos de identificación, como pasaportes o credenciales de elector, y recomendó establecer contacto con abogados migratorios que asesoren a los afectados en los procesos administrativos.
“No firmar deportaciones voluntarias es clave para garantizar que los derechos de las personas sean respetados”, añadió el activista.
Acciones
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que participen en campañas de documentación y apoyo logístico. Estas acciones buscan facilitar el retorno de los deportados y mitigar el impacto en sus comunidades de origen.
Esfuerzos del gobierno
Martínez Contreras subrayó la importancia de coordinar esfuerzos con el Gobierno de Yucatán y los municipios para identificar a las familias afectadas y brindarles apoyo. También hizo énfasis en evitar que los migrantes deportados queden varados en la frontera norte, donde podrían ser víctimas del crimen organizado.
“Queremos que nuestros paisanos regresen sanos y salvos a sus comunidades, pero necesitamos trabajar en conjunto para lograrlo”.
Ambos líderes concluyeron con un llamado urgente a las autoridades, la iniciativa privada y la sociedad en general para unir esfuerzos ante la inminente crisis: “no podemos esperar a que la situación se desborde; debemos actuar ahora para prevenir una crisis humanitaria”.