A las afueras del Centro de Actualización del Magisterio (CAM) de Yucatán, cerca de 20 trabajadores se manifestaron para exigir justicia ante lo que consideran un proceso irregular en la adjudicación de plazas. Entre las acusaciones destaca la implicación de Adiver González Alpuche, quien anteriormente fue propuesta como magistrada del Tribunal Superior de Justicia.
Duplicidad en los procesos
Rubén Duarte Peraza, secretario general del CAM, explicó que el problema radica en la duplicidad de procesos de ingreso al centro: uno interno, dirigido a trabajadores con 20 a 40 años de antigüedad, y otro externo, mediante convocatoria pública.
Según Duarte, González Alpuche y otras funcionarias se adjudicaron plazas de manera directa, sin participar en los procesos establecidos, perjudicando a trabajadores con mayor antigüedad.
“Tenemos documentos normativos que evidencian que estas adjudicaciones fueron ilegales”, aseguró.
Rossana Canto, maestra con 23 años de servicio, relató cómo enfrentó dificultades para obtener su plaza, incluido un traslado forzoso a un municipio lejano que la afectó como madre soltera.
Denunció que las plazas otorgadas a González Alpuche y otras funcionarias no cuentan con el resultado de la Comisión Dictaminadora ni compatibilidad laboral, como se exige a otros trabajadores: “es un acto de robo y abuso de poder”.
También denunció que González Alpuche, quien ahora ocupa una plaza administrativa homologada en el CAM, y otras personas vinculadas al anterior gobierno estatal llegaron al centro con actitudes prepotentes, ignorando las reglas internas: “robaron las oportunidades de quienes hemos esperado por décadas una plaza justa”.
En su defensa, Adiver González Alpuche aseguró que su plaza fue asignada de acuerdo con la normatividad vigente y que desde su llegada al CAM ha enfrentado hostigamiento .
Según su versión, fue enviada al Centro tras el término de su comisión como jefa de departamento en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación.
“Mi base es legal y está respaldada por documentos. Sin embargo, me han asignado condiciones laborales precarias, como mobiliario insuficiente y ausencia de funciones claras”, declaró.
Adiver González Alpuche también denunció que le impidieron registrar sus asistencias al trabajo y que ha presentado una queja ante la Comisión de Derechos Humanos: “están ejerciendo presión para que renuncie a mi plaza, pero no pueden justificar jurídicamente esta situación”.