Durante la sesión de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado, el tema del reemplacamiento vehicular proyectado para 2025 generó un debate entre las bancadas legislativas.
Las propuestas y posturas expuestas reflejaron diferencias en cuanto a la manera de recaudar y utilizar los ingresos provenientes de este cobro.
Propuesta de tabla progresiva para el cobro de reemplacamiento
El diputado Javier Osante Solís, de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una propuesta para establecer una tabla progresiva en el cobro de reemplacamiento, tomando como base el valor de facturación de los vehículos.
Según el legislador, los automóviles con un precio menor a 500,000 pesos deberían estar exentos del pago.
Asimismo, sugirió que aquellos cuyo costo oscile entre 500,001 y un millón de pesos reciban un descuento del 50%, mientras que los vehículos con un valor superior a un millón y medio de pesos paguen el doble de la tarifa estándar.
“Nuestra propuesta busca que pague más quien tiene más. Es fundamental apoyar a los ciudadanos con menores recursos, sobre todo en un contexto económico difícil”, expresó Osante Solís. No obstante, la iniciativa fue desechada por la mayoría de los integrantes de la comisión.
Incremento en la deuda estatal y solicitud de comparecencia
El legislador también denunció un aumento significativo en la deuda estatal:
“Cuando este gobierno inició en octubre de 2024, la deuda ascendía a 7,400 millones de pesos. Con la nueva deuda aprobada, más la recientemente contratada por 1,500 millones de pesos, estaríamos alcanzando un incremento del 47%, llegando a 10,800 millones de pesos en menos de tres meses”.
Ante esta situación, solicitó la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas para explicar las razones detrás del endeudamiento.
PAN propone eliminar el cobro del reemplacamiento
Desde la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Roger Torres Peniche propuso eliminar el cobro del reemplacamiento y sustituirlo por un esquema de refrendo anual. Según el diputado, esta medida permitiría aliviar la carga económica de los ciudadanos y mantener un padrón vehicular actualizado.
Roger Torres precisó que el costo actual del reemplacamiento, que incluye el pago por placas, tarjeta de circulación, calcomanía y un impuesto adicional, podría ascender a más de 2,000 pesos para un vehículo promedio como un Ford Figo 2017.
“Este cobro afecta de manera desproporcionada a los ciudadanos de menores ingresos, quienes terminan pagando lo mismo que propietarios de vehículos de lujo como un BMW o una Suburban”, sentenció.
Contradicciones en la política económica estatal
El legislador panista también destacó que, en contraste con declaraciones previas del gobierno estatal sobre un “boom inmobiliario” y un aumento en la recaudación, los informes proporcionados durante la discusión revelan una desaceleración económica.
“Nos preocupa que se pretenda recaudar 650 millones de pesos por reemplacamiento mientras se incrementa la deuda pública”, añadió.
Críticas al reemplacamiento anticipado en 2025
Por su parte, Álvaro Cetina Puerto, también del PAN, cuestionó la justificación del reemplacamiento en 2025:
“El último reemplacamiento terminó en 2023, lo que significa que, siguiendo el calendario tradicional, este cobro debería realizarse hasta 2026. Sin embargo, en la Ley de Ingresos se observa un incremento del 451% en el concepto de venta de placas y un 474% en la expedición de tarjetas de circulación respecto a 2024, lo que confirma que el gobierno estatal impondrá este cobro de forma anticipada”.
Paquete presupuestal 2025: claves del debate
El paquete presupuestal 2025, que incluye las disposiciones sobre el reemplacamiento vehicular, será discutido el próximo 28 de diciembre.
En el centro del debate se encuentran las prioridades financieras del gobierno estatal y las estrategias para garantizar ingresos sin agravar la situación económica de los yucatecos.
Los legisladores han señalado la importancia de buscar alternativas que permitan equilibrar las necesidades de recaudación con la justicia social y el desarrollo económico del estado.
Mientras tanto, sectores de la sociedad civil han comenzado a manifestar su preocupación por el impacto que estas decisiones tendrán en sus bolsillos.