El ayuntamiento de la capital yucateca puede promover una controversia constitucional contra la decisión de la mayoría de los diputados del Congreso local de modificar la reforma a la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos de Mérida ambos para el Ejercicio Fiscal 2025.
Soberanía municipal
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso, Roger Torres, expuso que la decisión del Congreso vulnera la soberanía municipal, pues se trata de un acuerdo que fue aprobado por el Cabildo de Mérida.
De tal forma, que, si el ayuntamiento decide promover una controversia ante el fallo de la mayoría morenista, ésta sería procedente
Propuesta para reforma a la ley
En la última sesión del Congreso, basándose en lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su reglamento, el diputado Eric Quijano González (Morena) presentó una propuesta para la reforma a la Ley de Hacienda a fin de que se mantenga el artículo 46 intocado, es decir vigente, y que se conserven los valores catastrales actuales sin elevarse desproporcionadamente.
Según la exposición de motivos, la reforma no se ajusta a los criterios en materia fiscal y atenta contra el principio desproporcional previsto en el artículo 31 de la Constitución General, así como no cumplir con la certeza y seguridad jurídica.
“Esto significa que el pago del impuesto predial se mantendría y no aumentaría, procurando el bienestar de la economía de las y los meridanos”, expuso durante la sesión en la que se analizó la propuesta de Mérida.
CONTROVERSIA
Sin embargo, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) expuso que ante esta situación una controversia por parte del ayuntamiento de Mérida podría revertir esa decisión de los legisladores morenistas.
Algunos precedentes de la Suprema Corte al respecto son:
En el proceso para expedir la normatividad estatal que regule esas contribuciones –que se insiste, corresponden al municipio–, la propia Constitución Federal es expresa en asignar atribuciones específicas tanto a los municipios como a las legislaturas locales.
A los ayuntamientos corresponde proponer las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que constituyan la base de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Al legislador estatal toca determinar en definitiva los valores unitarios y las tasas aplicables para el cobro de los indicados tributos, lo que se refleja en el momento en que aprueba las normas respectivas.
Los congresos estatales
Estos deben partir de la propuesta que hagan los municipios para determinar las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
La atribución de los ayuntamientos de formular la iniciativa legislativa goza de rango constitucional, por lo que las Legislaturas estatales sólo puedan alejarse de ella cuando provean los argumentos “técnicos” necesarios que justifiquen objetiva y razonablemente esa decisión.
Sin embargo, para el líder de la bancada del PAN, no hubo un solo argumento técnico en la decisión de la bancada morenista, “fue una decisión con sesgo político y populista además de que es ilegal”.
Valores catastrales
La propuesta para la reforma a la Ley de Hacienda de Mérida a fin de que se mantenga el artículo 46 intocado, es decir vigente, y que se conserven los valores catastrales actuales fue aprobada el pasado viernes por el pleno del Congreso.
Esto significa que el pago del impuesto predial se mantendría y no aumentaría, con excepción a los condominios que habían sido exentos del pago de ese gravamen, especialmente los del norte de la capital yucateca.
GOLPE FINANCIERO
Tras conocer el fallo, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, consideró que los legisladores impusieron una “Ley Castigo” a la capital yucateca “que afecta directamente la calidad de vida” y que este golpe financiero tendrá consecuencias importantes en el futuro”.
Sobre esas declaraciones, el legislador panista, dijo que sí da la impresión de querer aplicar un “castigo” a Mérida, pues los legisladores usaron otro criterio en los otros 105 municipios del estado, donde sí se elevaron diversos impuestos como el predial y los valores catastrales y fueron aprobados por la bancada de Morena.
Presupuesto
Aclaró que en realidad no es una gran suma lo que dejaría de recaudar el ayuntamiento de Mérida, pues en términos relativos, son alrededor de 80 millones de pesos.
“Pero hay que considerar que esto afecta tu recaudación del 2025 y por lo tanto, tus participaciones federales en la fórmula que se aplica para determinar cuánto te darán, se verán también afectadas en 2026”, indicó el legislador.
“De por sí”, añadió, la propuesta del ayuntamiento de Mérida establecía un incremento por debajo del índice inflacionario de este año, y ahora será mayor la brecha”, sostuvo Roger Torres.
Historial
Comentó que los valores catastrales de los predios de la capital, no se actualizan desde 2023.
“Por esa razón, de permitir este atropello, estaríamos condenando a Mérida a que reciba este mismo trato dos años más, lo que pone en riesgo la viabilidad económica de una de las ciudades más estables del país”, señaló.
En ese sentido dijo que, “la comuna está en todo su derecho de promover una controversia constitucional contra esa decisión ilegal”.
“A partir de la publicación tenemos 30 días naturales para presentar la controversia, puede ser por dos vías tanto a nivel local ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, como ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, precisó el diputado blanquiazul.
“Creemos que es totalmente procedente y además entiendo que se está haciendo el análisis jurídico desde el viernes por parte de la Comuna meridana para probablemente iniciar ese proceso, pues es un asunto de estricta autonomía que fue vulnerado por la mayoría del Congreso”, finalizó.