Colectivos feministas y diputadas del estado trabajan en las iniciativas para que la actual Legislatura local las analice a fin de que esta entidad se sume a los estados que han modificado sus códigos penales para despenalizar totalmente el aborto, con el objetivo de que se garantice el derecho a la salud sin discriminación.
Iniciativas
María Paula Balam Aguilar, directora ejecutiva del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), expuso que a través de ese organismo han dado forma a una iniciativa en la cual han trabajado en los últimos dos años para que se logre la despenalización del aborto en Yucatán.
La activista explicó que la iniciativa tiene varios enfoques, siendo uno de los más importantes el que se garantice el derecho a la salud sin discriminación, como un derecho humano, y en ese sentido, la penalización del aborto es una forma de violencia estructural que perpetúa la desigualdad y niega el acceso a servicios de salud seguros y dignos.
También la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. mejor conocida por sus siglas como Unasse ha presentado igualmente una iniciativa a favor del aborto.
La iniciativa de Unasse retoma, entre otras, cosas los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictados en septiembre del 2021 que estableció que la penalización del aborto consentido es inconstitucional en México.
De tal forma que ningún juez en los 32 estados, sin importar lo que se señale en la ley, puede condenar a ninguna mujer o persona gestante por interrumpir su embarazo y se debe permitir el acceso a un aborto seguro si así lo decidan.
En Yucatán
Actualmente en Yucatán el aborto no se penaliza cuando se haya producido por un accidente, en caso de violación, por una inseminación artificial no consentida, y cuando la vida de la mujer corra peligro de seguir con el embarazo.
También cuando exista razón suficiente para suponer que el feto tiene alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado su nacimiento con trastornos físicos o mentales graves y por causas económicas graves, justificadas y la mujer tenga por lo menos tres hijos.
Tanto la iniciativa de Cejudi como la de la Unasse, buscan eliminar toda causal y que también no se establezca un límite de semanas para que la mujer pueda practicarse un aborto (el personal de salud está obligado a garantizar el servicio hasta la semana 12 de gestación).
En ese sentido Balam Aguilar expuso que también se busca que esos beneficios se apliquen no solo a las mujeres biológicas, sino a toda persona gestante particularmente a los hombres trans, a las personas no binarias y también de las indígenas que habitan y transitan en el estado.
Sector salud
El sector salud tendría que contar con personal con conocimiento de las lenguas indígenas, para hacerles llegar la información de sus derechos en su lengua originaria, además de darles la atención integral y seguimiento médico.
COSTO POLÍTICO
Sobre este tema la también defensora y activista de los derechos de las mujeres, Adelaida Salas, señaló que el problema de fondo de la despenalización del aborto en Yucatán, es realmente político.
“Desde el año 2021, la mayoría de los legisladores ha pretendido evadir el costo político de aprobar que la entidad se sume a los estados del país que ya han modificado sus códigos penales para acabar con la criminalización de las mujeres que por algún motivo interrumpen su embarazo”, explicó.
Indicó que se han presentado ya varias iniciativas desde entonces, pero ya son dos legislaturas que han “pateado la lata” y han dejado todas las propuestas en la “congeladora”, porque consideran que legalizar el aborto completamente en la entidad tendrá un impacto político, entre la población que se opone.
“Ya hay iniciativas, ya hay una resolución de la Suprema Corte, ya hay 18 estados que han hecho las modificaciones para despenalizar el aborto, o sea que material y antecedentes ya hay muchos por lo que es claro que lo que ha faltado aquí es voluntad política”, añadió la también representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
NUEVO PROCESO
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Larisa Acosta Escalante, declaró que Yucatán tarde o temprano tendrá que sumarse a los estados del país en los que ya ha sido despenalizado el aborto, y modificar su Código Penal que sigue criminalizando a las mujeres que, por alguna razón, ven interrumpido su embarazo.
En entrevista para 24 HORAS Yucatán, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) recordó que ella presentará una iniciativa ante el pleno en el segundo periodo ordinario del primer año de sesiones de la actual legislatura, que iniciará en febrero del 2025 y que contiene las propuestas de Unasse y de Cejudi.
“La idea es discutir ambas iniciativas y homologarla en una sola, pero en caso de no lograrse, presentaríamos ambas iniciativas para su análisis”, comentó la diputada.
Sin embargo, aclaró que sigue abierta la convocatoria para que los organismos o quienes tengan algo que opinar sobre el tema de la despenalización del aborto en el estado lo hagan antes de que las fuerzas políticas del Congreso inicien su análisis y posible aprobación.
Aseguró que hay optimismo de su parte para lograr que la despenalización del aborto en Yucatán sea una realidad en la actual legislatura y aunque reconoció que aún hay diputados que dicen que hay que esperar a que llegue una notificación de la Corte, pero que no hay motivos para postergar el tema, al ser en este caso el derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo.