El Instituto Federal de la Defensoría Pública y la Procuraduría Agraria manifestaron su preocupación por la presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso no sean respetados en el juicio que se sigue contra el comisario de Santa María Chí, Wilbert Nahuat Puc, promovido por los representantes jurídicos de la granja porcicola San Gerardo, y violen sus derechos humanos.
José Orbelín, Montiel Cortés, subdirector de la Dirección de Vinculación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y quien está a cargo del caso de los pobladores de Santa María contra a granja, explicó que, a pesar de las demandas que han demostrado que San Gerardo está operando ilegalmente, la única denuncia que ha tenido un avance en los juzgados estatales es la que han interpuesto los abogados contra la autoridad auxiliar
Señaló que las denuncias contra Nahuat Puc se deben a que se trata de la figura más visible de la movilización que han emprendido desde hace ya mucho tiempo los habitantes de esa localidad para que esa empresa se retire del lugar, pero él no es el único que alzado la voz contra esa empresa porcícola, precisó en entrevista con 24 HORAS Yucatán.
Los abogados del Grupo Porcícola San Gerardo lo acusan de los delitos de despojo y daño en propiedad ajena y el próximo día 12 habrá un careo con Nahuat Puc en el Centro de Justicia Oral del Estado, ubicado en el sur de la ciudad de Mérida.
“Llama mucho la atención como esa denuncia sí ha avanzado y todas las demás que demuestran que la empresa opera sin los debidos permisos de estudios de impacto ambiental, de uso de suelo del municipio y que ya fue incluso multada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no tengan ningún avance”, precisó.
Siguen sin cumplir
Recordó que la multa que aplicó la Profepa, superó los 14 millones de pesos, pero lo más relevante es que la empresa sigue sin cumplir y sigue vertiendo y quemando residuos contaminantes en la comisaría que está ubicada en la Reserva Hidrológica llamada Anillo de Cenotes y por tal motivo, no podría estar operando ahí, añadió.
“La empresa sigue sin cumplir con ninguna solo medida, sigue contaminando y no pasa nada, por eso nos parece extremadamente grave que se utilice el aparato penal y punitivo en contra de Wilbert, esperamos que se respete del debido proceso y la presunción de inocencia a la que tiene derecho”, indicó.
Dijo que se percibe hasta ahora, que esto se trata de una evidente represalia de quienes tienen el poder económico contra los que luchan por los derechos de los pueblos originarios de Yucatán.
“Y pues eso no tiene nada de raro, lo raro es que ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía del Estado de Yucatán tomen cartas contra los delitos ambientales, pero eso sí, ya hay un juicio contra Wilbert”, sostuvo el también integrante de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Defensoría
Aseguró que esa instancia ya promueve varios juicios de amparo en contra de la granja porcícola, así como contra las dos empresas que son responsables de la operación y funcionamiento tanto para apoyar al comisario, como para lograr que se escuche la voz de los pobladores de esa comunidad de origen maya y la granja detenga su operación.
Por su parte, Nahuat Puc expuso que ante el hecho de que la única denuncia que ha avanzado es la de los representantes de la empresa, la Procuraduría Agraria envió una carta de exhorto al fiscal de Yucatán, Juan Manuel León León, para que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.