Por: Abraham Bote Tun
En Yucatán, los centros de rehabilitación conocidos como anexos han acumulado 12 quejas formales presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) entre 2012 y 2024.
A pesar de ello, el organismo no ha emitido recomendaciones relacionadas con estos casos, según datos obtenidos vía Transparencia.
Las denuncias incluyen acusaciones de tortura, abuso sexual, golpizas y condiciones inhumanas, pese a las clausuras sanitarias y del monitoreo limitado de autoridades como la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Actualmente hay al menos 24 centros de rehabilitación en Yucatán, operando con permisos otorgados por Cofepris; sin embargo, las autoridades admiten que no tienen certeza sobre el número real de establecimientos en el estado.
Falta de transparencia
Las víctimas se enfrentan a un sistema que carece de sanciones efectivas y de mecanismos claros de protección.
Según datos obtenidos vía Transparencia, de los casos investigados, ocho corresponden a hombres y cuatro a mujeres, con edades que oscilan entre los 16 y 52 años.
No obstante, los detalles sobre los centros involucrados y las condiciones específicas de los casos permanecen bajo reserva debido a la protección de datos personales.
Barreras legales
Ni la Codhey ni la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) han presentado denuncias penales contra operadores de estos centros ni emitido recomendaciones formales.
Según la Codhey, la falta de atribuciones legales limita su capacidad para imponer sanciones o realizar supervisiones más exhaustivas.
Además, los expedientes clasificados como “gestión” dificultan el acceso a información precisa sobre las condiciones y los testimonios de las víctimas.
El organismo recomienda que las solicitudes de transparencia sean justificadas exhaustivamente para analizar la posibilidad de brindar más información.
Testimonios
Relatos de víctimas y familiares describen golpes, castigos físicos, hacinamiento, y carencias de alimentos y agua potable en algunos anexos. Quienes intentan denunciar enfrentan amenazas y aislamiento bajo el argumento de que estas medidas son “por su bien”.
“Mi hermano fue internado en uno de estos anexos sin que tuviéramos forma de verlo. Cuando finalmente logramos contactarlo, nos contó que estaba siendo golpeado y sometido a condiciones inhumanas. No había suficiente comida ni agua limpia, y a veces los castigaban encerrándolos sin explicación.”
A pesar de las quejas documentadas por la Codhey, la SSY reporta sólo una queja formal durante este período, registrada en 2022.
Aunque la dependencia reconoce que algunas denuncias provienen de vecinos o ex internos, pero no cuenta con un registro confiable sobre muertes, abusos sexuales o tortura en los anexos.
Clausuras
La SSY informa haber clausurado cinco establecimientos por irregularidades sanitarias. Sin embargo, admite que no tiene control total sobre su operación, ya que los permisos principales son gestionados a nivel federal por Cofepris. Tampoco ha colaborado con la Codhey para emprender acciones penales contra los operadores.
Este panorama evidencia la necesidad de una regulación más estricta y un compromiso real por parte de las autoridades para proteger los derechos de las personas que buscan rehabilitación en estos centros.
Violaciones documentadas en los anexos de Yucatán
- Número de quejas: 12 denuncias formales entre 2012 y 2024, principalmente por abuso físico, maltrato psicológico y condiciones sanitarias deficientes.
- Tipos de abusos: Golpes, tortura psicológica, abuso sexual y privación de libertad.
- Clausuras sanitarias: Cinco centros cerrados por irregularidades sanitarias, sin abordar violaciones a derechos humanos.
- Falta de denuncias penales: No se han emitido sanciones ni recomendaciones obligatorias para mejorar las condiciones de los anexos.