EN YUCATÁN EL NEGOCIO INMOBILIARIO REPRESENTA EL 10% DEL PIB LOCAL: OSANTE
Frenar el crecimiento mobiliario desordenado y sin conexión que ha tenido Mérida y otros puntos del estado en los últimos años, requiere de tomar acciones más serias contra los llamados “lotes de inversión” y aplicar políticas que combatan posibles actos de corrupción como parte del gran negocio en el que se ha convertido en llamado “boom inmobiliario”.
Diputados del Congreso del Estado hablaron con 24 HORAS Yucatán sobre la información que en días pasados difundimos que señala que, como parte de ese “boom”, se han construido desarrollos inmobiliarios distantes, dispersos o desconectados de la mancha urbana, no solo en la capital, sino en otros municipios conurbados.
Eso a su vez, provoca una falta de conectividad entre amplias zonas no solo de la capital, sino también en municipios como Conkal, Caucel, Kanasín, Ucú, Progreso, Hunucmá, entre otros.
Esto ha traído varios problemas que han empezado a impactar la calidad de vida de los yucatecos, principalmente afectaciones a la movilidad y una acelerada deforestación y pérdida de áreas verdes.
El diputado por Morena, Alejandro Cuevas Mena, explicó que, aunque el desarrollo inmobiliario en Mérida y prácticamente en todo el estado, ha venido creciendo de manera evidente y sostenida desde hace mucho tiempo, ha sido en los últimos tres años, en donde se ha observado un gran desorden en ese crecimiento al que ya se le conoce popularmente como “boom inmobiliario”
“En especial porque las anteriores autoridades del Gobierno estatal y del Ayuntamiento de Mérida, fueron bastante omisas con el tema de los lotes de inversión que son amplias zonas de terrenos que se venden con la promesa de que a futuro se convertirán en nuevos fraccionamientos, cuando en muchísimos casos no es así”, precisó.
“Se lotifica, se construyen algunas calles de pésima calidad y se empiezan a vender en especial a personas que viven fuera del estado, que cuando llegan ven que están en medio de la nada y los dejan abandonados, creando así una especie de pequeñas manchas urbanas desconectadas unas de otras”, añadió.
En otros casos, continuó, los terrenos sí son ocupados, se construyen casas y se consolida cierta urbanización de la zona, pero sin cubrir los requisitos, reglamentos y procesos que marca las leyes estatales y municipales en materia de calles y vialidades.
Al final, como no hubo una planeación adecuada, ni estudios topográficos, proyecciones de movilidad, se convierten en pequeños fraccionamientos inconexos y de difícil acceso, incluso para quienes los habitan.
Pero los lotes de inversión, al igual que la construcción de nuevos fraccionamientos representa un “negocio multimillonario”, en donde pagar multas, mordidas y sobornos es parte del negocio, porque de otro modo no se explicaría como se siguen vendiendo lotes y construyendo grandes fraccionamientos sin ningún tipo de planeación urbana, subrayó.
Y es que ese negocio en Yucatán, ya está valuado en unos 45 mil millones de pesos al año, y representa cerca de un 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) local, según lo declaró el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, Javier Osante Solís.
Cabe señalar que a nivel nacional, el valor del alquiler imputado (las rentas que se pagan por ocupar una vivienda) junto con la construcción de nuevas casas-habitación, superó los tres mil 144 millones de pesos en el año 2022. Esta cantidad representa 11.2 % del PIB de la economía nacional, según cifras del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI).
Por ello, desde su perspectiva, más que poner un freno al sector inmobiliario, lo que se requiere, según el legislador, es que quienes participan en esta actividad económica cumplan las leyes y reglamentos vigentes.
“Ya existen marcos legales y creo que incluso el sector inmobiliario de Yucatán ya está sobrerregulado, lo que hay que hacer es aplicar medidas más severas a quienes por omisión o corrupción permitan la construcción o venta de espacios sin cumplir con los requisitos que marcan esas leyes”, subrayó.
Asimismo, es importante que los ayuntamientos no reciban ningún fraccionamiento sino cumplieron con los requisitos para construir, en donde debe verificarse que haya estudios de impacto ambiental y de movilidad urbana, acceso a servicios públicos municipales, entre otros.
CLAUSURA
Un Ayuntamiento que ya está tomando medidas en ese sentido es el de Ucú, cuyo alcalde, Gener Ismael Pech León, declaró en días pasados que por lo menos seis nuevos fraccionamientos, ubicados en la cabecera municipal y en la comisaría de Yaxché de Peón, no tienen licencia de uso de suelo ni licencia de construcción municipal, y tampoco pagan impuesto predial.
En sus declaraciones el edil aseguró que esos desarrollos podrían ser clausurados luego de violar la reglamentación en materia de desarrollo urbano y por operación irregular, toda vez que sobrepasaron el número de construcción de viviendas pactado, y por edificar casas sin calles pavimentadas ni red de agua potable,, lo que sería un hecho inédito en el estado.