Nuevos sistemas de trafico de aves
El tráfico de aves exóticas que antes se relegaba a mercados y carreteras, a últimas fechas ha migrado al ámbito virtual.
En Yucatán hay por lo menos tres páginas de Facebook enfocadas en esta actividad ilegal; y pese a la desaprobación de decenas de usuarios, los traficantes continúan con el comercio, especialmente de loros yucatecos.
Daños
Esta práctica no solo amenaza la biodiversidad del estado, sino que también revela la fragilidad del sistema de justicia ambiental.
En dichos portales de internet se ofrece todo tipo de aves, desde canarios hasta guacamayas con precios que oscilan entre 500 y cinco mil pesos. También hay usuarios que buscan cambiar unas especies por otras, incluso con otro artículo.
Para su comercio, los traficantes colocan fotos de los ejemplares, la mayoría en jaulas pequeñas.
Cifras alarmantes
José Pier Medina, director de Proyecto Santamaría, informó que en Yucatán se capturan diariamente 400 aves canoras destinadas a la venta como mascotas; y de cada diez loros capturados, ocho mueren antes de llegar al mercado.
Según el activista, el comercio y la cacería de estas aves contribuyen a la depredación anual de 70 mil ejemplares en la región.
Biodiversidad
México cuenta con 22 especies de psitácidos, todas protegidas por la NOM-059 debido a su categoría de riesgo. Sin embargo, la demanda sigue siendo alta y el comercio ilegal encuentra múltiples vías para realizar estas actividades.
Aunque desde 2008 el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe la extracción y comercialización de estas aves, las sanciones suelen quedarse en el ámbito administrativo.
“Para que un caso sea considerado delito, se requiere flagrancia. El sistema de justicia oral es muy laxo, si ya lo es en delitos sociales, en temas ambientales es peor”, lamentó Pier Medina.
Ante este panorama, algunas voces comienzan a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones. Un residente de Mérida, que prefirió mantenerse en el anonimato, compartió su experiencia con un loro que adquirió hace cinco años a través de un conocido:
“Cuando lo compré, no sabía nada sobre el daño que causaba. Pensaba que era algo común tener un loro en casa, pero ahora, después de investigar entiendo lo cruel que es esta práctica”, confesó el entrevistado, quien en ese entonces adquirió el loro por un precio de 500 pesos.
Añadió que, aunque ha intentado cuidar bien de su “mascota”, ha notado señales de estrés y tristeza: “Se nota que no es feliz en una jaula. Ahora estoy buscando la forma de liberarlo, pero quiero hacerlo de la manera correcta, en un lugar donde pueda sobrevivir y adaptarse”.
El tráfico de psitácidos no solo pone en peligro a estas aves, sino también a los ecosistemas en los que desempeñan un papel vital. Loros y guacamayas son esenciales para la dispersión de semillas en los bosques tropicales, contribuyendo a la regeneración de la flora.
Organizaciones como Proyecto Santamaría, que lleva una década trabajando por la conservación de aves y su hábitat, enfatizan la necesidad de involucrar a la sociedad en la protección de estas especies.
“No solo se trata de prohibir, sino de educar para que las personas entiendan el impacto de sus acciones y eviten comprar animales silvestres”, concluyó Medina.
De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el tráfico ilegal de ejemplares, partes y derivados de flora y fauna silvestres, es un delito de conformidad con el artículo 420 fracciones IV y V del Código Penal Federal, que se castiga con pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a tres mil días multa.
También se aplica una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales cuando las conductas descritas en el artículo se realicen en o afecten un área natural protegida; o cuando se realicen con fines comerciales.
El asesinato de un tucán
En plena pandemia por el Covid-19, en 2020 y cuando toda la sociedad se encontraba en casa, se hizo viral el caso de un tucán que fue atacado a balazos en el fraccionamiento Francisco de Montejo, reportó Proyecto Santa María.
La asociación detalló a través de sus redes sociales que recibieron el reporte de un ave herida en una veterinaria del oriente de la ciudad y probablemente se trataba de una especie protegida, por lo que se trasladaron al lugar en donde confirmaron que se trataba de un tucán real o pico de canoa.
“La captura, comercio y tráfico de especies no cesa, la insensibilidad y ambición de la gente se alimenta con los vacíos en la ley”, escribió la agrupación en sus redes.
Ante la indignación de la sociedad, el entonces gobernador Mauricio Vila Dosal realizó la denuncia ante la Profepa.
Luego de la investigación se identificó a uno de los responsables del hecho, resultando ser un presunto trampero de aves avecinado en la comisaría Dzityá, al que se le encontraron varias trampas.