La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados (Jufed) calificó como “humillante” el proceso de sorteo, mediante tómbola, por el que el Senadodeterminó a las 850 plazas de juzgadores que se someterán a elección en 2025.

En un comunicado, la organización aseveró que “es un acto verdaderamente humillante, que en forma alguna encuentra sustento legal, se jugó al azar con la vida profesional no solo de las personas juzgadoras, sino también con la de los trabajadores de confianza y de las familias de todos ellos”.

Una tómbola, organizada el pasado sábado en el Senado, dejó sin empleo, con efectos en 2025, a 711 jueces y magistrados.

Como mandata la reforma judicial, el Senado realizó el proceso de insaculación para determinar qué juzgadores irán a elección el próximo año.

El azar determinó que 350 magistrados y 361 jueces de distritos sean liquidados porque su cargo fue sorteado para elegirse por voto popular; algunos podrán participar en la elección judicial de 2025 si lo deciden y alguno de los tres Poderes los incluye como candidatos.

Además, se informó que hay 114 vacantes en de magistrados en tribunales federales y 25 de jueces en los juzgados de distrito, por lo que esos cargos pasaron directo a elección.

Por lo que en total serán 850 cargos a elegirse en la elección judicial de 2025, junto a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al respecto, los juzgadores señalaron que mediante una intromisión arbitraria se “decidió la terminación de la función de 50% de juzgadores en 2027 y la otra mitad en 2027”.

“Además, se incurrió en un nuevo incumplimiento a las suspensiones decretadas por la justicia federal, que en muchos casos pasaron por la revisión solicitada por las autoridades responsables, quienes no lograron demostrar su ilegalidad”.

Los actos del Poder Legislativo “violan flagrantemente el Estado de Derecho y continúan de manera sistemática con el rompimiento del orden constitucional.

La Jufed informó que brindará todo el apoyo a los juzgadores, porque se trata de “un acto nulo a todas luces que debe declararse sin efecto.




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