La política colombiana enfrenta un nuevo escándalo tras la apertura de una investigación contra el presidente Gustavo Petro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El proceso examina irregularidades en las finanzas de la campaña presidencial de 2022 que lo llevó al poder.
Origen de la investigación
Las denuncias anónimas que llegaron al CNE en febrero de 2023 señalaron posibles anomalías en los gastos de campaña de Petro.
El proceso tomó fuerza con la filtración de conversaciones y la detención de su hijo mayor, Nicolás Petro, quien confesó la entrada de dinero ilícito a la campaña.
Posibles sanciones
El CNE está facultado para imponer multas o exigir la devolución del dinero público destinado a la campaña. Sin embargo, al tratarse de un organismo administrativo, no puede destituir al mandatario.
Si se encuentran pruebas suficientes, las copias del expediente podrían ser remitidas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja, que sí tiene la autoridad para presentar cargos contra el presidente.
Acusaciones de “golpe de Estado”
Petro ha calificado esta investigación como el inicio de un “golpe de Estado”, alegando que el CNE está actuando fuera de sus competencias.
Sin embargo, expertos legales, como Javier Rincón, aseguran que el proceso está ajustado a la ley. El Consejo de Estado ratificó la competencia del CNE para investigar, pero no para sancionar con la destitución.
Consecuencias políticas
El futuro de esta investigación podría derivar en multas o, en un escenario más drástico, en un juicio político.
A pesar de ello, la incertidumbre prevalece, y las movilizaciones convocadas por Petro podrían agravar la tensión política en el país.