Ciudad de Guatemala, Guatemala – La organización no gubernamental Save the Children negó este martes cualquier relación con el tráfico de niños migrantes en Guatemala, un día después de que la fiscalía guatemalteca, dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, allanara cinco de sus sedes en el país.
Allanamientos en oficinas de Save the Children
Los allanamientos se realizaron en dos municipios fronterizos con Honduras y tres poblados mayas. Según la fiscalía, la acción respondió a denuncias por “posibles vulneraciones y abusos contra la niñez guatemalteca”, especialmente en el supuesto tráfico de menores migrantes no acompañados hacia Estados Unidos.
Save the Children aseguró en un comunicado que “nunca ha facilitado el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala” y reafirmó su compromiso con la transparencia. Asimismo, destacó que, tras investigaciones anteriores en abril de este año, no se encontraron pruebas de irregularidades en sus operaciones.
Investigación sobre tráfico de niños migrantes
El primer allanamiento se realizó tras 12 días de la publicación de una denuncia en medios locales. La fiscalía de Guatemala solicitó la colaboración de las autoridades en Texas, Estados Unidos, para investigar un supuesto tráfico de menores en la frontera sur, el cual implicaría a varias organizaciones, entre ellas Save the Children.
El secretario general de la fiscalía guatemalteca, Ángel Pineda, envió una carta al fiscal general de Texas, Ken Paxton, alertando sobre una “red compleja” que facilitaba el tráfico de niños guatemaltecos. Según Pineda, los menores desaparecían en Guatemala y posteriormente eran encontrados en albergues de Texas, algunos con antecedentes de abuso sexual.
Respuesta de Save the Children
Save the Children, que ha operado en Guatemala desde 1976, reafirmó su disposición para colaborar con las autoridades y cuidar de su personal. La ONG ofrece proyectos en áreas como educación, salud, nutrición y apoyo a familias migrantes en el país.
“Estamos profundamente comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer cualquier duda”, afirmaron los representantes de la ONG en un comunicado.
Contexto político
El fiscal Rafael Curruchiche y la fiscal general Consuelo Porras han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, quienes los consideran corruptos y antidemocráticos. Estas sanciones han generado controversia sobre la legitimidad de sus investigaciones