Con el trámite exprés que se ha convertido en el sello de las iniciativas de la Cuarta Transformación en el Congreso, este lunes se presentaron dos iniciativas para las leyes secundarias de la reforma judicial por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras lo cual se prevé que sean discutidas este miércoles en el Senado de la República.

Ayer por la mañana, después de que la Presidenta de México firmara las dos iniciativas de reformas legales, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez las llevó al Senado de la República y refirió que ambas propuestas “contienen el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país”.

De inmediato, las propuestas de reformas ya han sido remitidas a las Comisiones de Estudios Legislativos y Gobernación para su análisis y la mayoría de Morena pretende acelerar el proceso; incluso, el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, informó que las iniciativas podrían discutirse este miércoles en el Pleno.

Y si el Senado manda en los próximos días las minutas de reforma a la Ley de Procedimientos Electorales y la Ley de Medios de Impugnación para reglamentar la elección de juzgadores, la Cámara de Diputados agregará una tercera sesión esta semana para la discusión y votación de éstas, anunció Ricardo Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) enfatizó que si la Cámara de origen aprueba esos instrumentos jurídicos legales necesarios para implementar la elección de jueces, magistrados y ministros, “nosotros vamos a sesionar de inmediato esta semana para lograr revisarla y actuar conforme nos lo mandata la ley y la Constitución”.

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Entre lo enviado por la mandataria nacional, se encuentra un candado para evitar el uso de dinero ilícito en las campañas de los candidatos a jueces, magistrados y ministros, para lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) pedirá a los aspirantes la información necesaria para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.

En el artículo 526 numeral 3 de la iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se señala que el Instituto Electoral también podrá solicitar a las autoridades fiscales y a las instituciones bancarias.

“Podrá solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro,administración o inversión de recursos monetarios, cuando de su declaración patrimonial y de intereses o de la revisión de la información en materia de fiscalización que proporcione, se adviertan movimientos inusuales o elementos que no justifiquen la procedencia lícita de los bienes o recursos reportados”, refiere el texto.

La iniciativa aclara que el INE “no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal”.

Para ello, el Consejo General del INE, emitirá los lineamientos en materia de fiscalización y vigilará que ningún partido político, persona servidora pública ni institución pública realicen erogaciones a favor o en contra de las personas candidatas. Por lo tanto, “establecerá topes de gastos personales en función del tipo de elección que se trate y fiscalizará su ejercicio”.

La legislación secundaria de la reforma al Poder Judicial establece cuatro tipos de elección. De esa manera, para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial se llevará a cabo una elección a nivel nacional. 

Las personas magistradas de los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación, así como las personas juezas integrantes de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, serán electas por circuito judicial. 

Las personas magistradas integrantes de las Salas Regionales del Tribunal Electoral serán electas por circunscripción plurinominal y, las personas magistradas y juezas de los Poderes Judiciales de las entidades federativas serán electas dentro del marco geográfico que al efecto determinen sus constituciones y leyes locales.

El documento también prohíbe la contratación “por sí o por interpósita persona, de tiempos de radio y televisión para fines de promoción de las personas candidatas, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales”. 

Respecto a la iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en temas electorales, establece que, cuando se acredite que partidos políticos o personas servidoras públicas beneficiaron o perjudicaron indebidamente la campaña de una persona candidata al cargo de juez, magistrado o ministro se anulará el resultado de la elección.

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