La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un un “amicus curiae” ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán.
Esta acción fue realizada en el marco de un amparo promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública, cuyo objetivo es proteger los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas ante un controversial “Convenio de Coordinación” firmado por autoridades federales y estatales de México.
¿Qué es un amicus curiae ?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explica que los amicus curiae (amigos de la corte) son informes técnicos que presentan personas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, dar su opinión jurídica, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre posibles efectos de una decisión.
Derechos vulnerados: acceso a la información y participación pública
El amparo argumenta que el Convenio de Coordinación ha vulnerado varios derechos fundamentales de estas comunidades.
Entre ellos, el acceso a la información, la participación pública en decisiones ambientales y el derecho a un ambiente sano, según los estándares internacionales a los que México se ha comprometido.
Consulta previa, libre e informada
Uno de los puntos clave que subraya el amicus curiae es la obligación del Estado mexicano de respetar los derechos de consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas.
Esto es esencial para garantizar que las comunidades puedan tomar decisiones informadas sobre los proyectos que impactan sus territorios y su vida diaria.
Obligaciones internacionales de México
La presentación del amicus curiae también destaca las obligaciones internacionales que México ha asumido en materia de derechos humanos y protección ambiental.
Estas incluyen tratados internacionales que protegen el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas en decisiones que afectan su entorno. La DPLF enfatiza que el Estado mexicano debe cumplir con estos compromisos para garantizar el respeto a los derechos de las comunidades.
Con esta acción legal, se espera que el juzgado tome en cuenta los estándares internacionales y se pronuncie a favor de las comunidades locales y pueblos indígenas en Yucatán, quienes buscan proteger sus derechos ante un convenio que consideran lesivo.
Abraham Bote