SEÑALAN QUE MORENA Y ALIADOS NO CUENTAN CON LOS VOTOS SUFICIENTES
A menos de seis meses de que se cumpla el plazo para que el Congreso del Estado homologue al Poder Judicial de Yucatán con la reforma Federal para que la elección de los jueces locales sea por voto popular, líderes de la oposición adelantaron que este proyecto no tiene futuro, debido a que Morena y sus aliados PT y PVEM carecen de los votos suficientes para aprobarlo.
Los Estados tienen un plazo de 180 días naturales, a partir del 15 de septiembre (cuando se publicó el decreto de la reforma), para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales, según el transitorio octavo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.
El mismo transitorio señala que la renovación de la totalidad de cargos de elección de los Poderes Judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027.
En los términos y modalidades que los estados determinen; en cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de la elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027, según el documento.
El líder de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gaspar Quintal Parra, dijo que es necesario un proceso inclusivo antes de la votación de la reforma:
“Tenemos un plazo de 180 días, lo que nos da tiempo para escuchar a todos los sectores involucrados: trabajadores judiciales, jueces, magistrados, abogados, académicos y la ciudadanía”, declaró el legislador.
Quintal Parra reiteró la importancia de realizar un proceso de parlamento abierto, permitiendo que todas las voces sean escuchadas antes de tomar una decisión.
Cuestionó, además, el proceso a nivel federal, donde la reforma fue aprobada “de manera apresurada y sin consultar a los trabajadores judiciales que se manifestaron en contra”.
El diputado del PRI también expresó su preocupación por las presiones partidistas que podrían influir en la votación:
“No podemos permitir que las decisiones se tomen por consigna partidista o bajo presión política. La reforma judicial es un tema delicado que afecta directamente la impartición de justicia en el estado, y debemos abordarlo con responsabilidad”, concluyó.
-El PRI mantendrá su voto en contra, aseguró Gaspar Quintal Parra, coordinador de bancada y presidente estatal del tricolor.
Mientras tanto, el presidente estatal del PAN, Asís Cano Cetina, descartó que su partido apoye la homologación.
-No. En lo absoluto- expresó.
“Nosotros estamos a favor del equilibrio de poderes y la elección por voto popular de jueces y magistrados, no es una práctica pública que fortalezca la impartición de justicia”, sostuvo.
En el mismo sentido del PRI y el PAN es el voto de Movimiento Ciudadano, según fuentes consultadas a ese partido.
El abogado Francisco Parra Lara, doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato, explicó que la homologación de la reforma es un mandato constitucional ineludible.
“El artículo 116, fracción tercera, de la Constitución Federal, junto con el transitorio octavo de la reforma judicial, exige que los estados adecuen su normativa local para hacer viable estos cambios”, indicó Parra Lara a 24 HORAS Yucatán.
Según el artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones y Leyes Orgánicas de los estados deben garantizar la independencia de magistradas, magistrados, juezas y jueces en sus funciones.
Esto incluye su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía, además de la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.
Los jueces y magistrados deberán cumplir con requisitos específicos establecidos en la Constitución y durarán nueve años en su encargo, con posibilidad de reelección, y recibirán una remuneración adecuada que no podrá ser mayor a la de la Presidencia de la República.
Sin embargo, el experto Parra Lara adelantó que el mayor reto para Yucatán será lograr la mayoría calificada en el Congreso del Estado:
“Para modificar la Constitución local se requieren 24 votos de los 35 diputados; y actualmente el bloque mayoritario, encabezado por Morena y sus aliados, cuenta con 19. Conseguir los votos necesarios será uno de los mayores obstáculos”, advirtió.
Entre las disposiciones más controversiales de la reforma federal está la elección de jueces mediante voto popular. Parra Lara subrayó que este cambio, que también deberá implementarse en Yucatán, podría tener un impacto en el sistema judicial.
“La elección de jueces por voto ciudadano es un cambio radical y sin precedentes en nuestro país. Aunque no aplica para órganos autónomos como el Tribunal Electoral, sí será obligatorio para todos los jueces del Poder Judicial”, sentenció.
El especialista sugirió que Yucatán podría tomar como referencia el proceso que está siguiendo el estado vecino de Campeche, que decidió implementar la reforma de manera gradual, estableciendo que las elecciones populares de jueces se realizarán hasta 2027.
“Campeche ha optado por una ruta prudente, lo que muestra la magnitud del reto que representa este cambio”, apuntó Francisco Parra.
Óscar Sauri Bazán, abogado constitucionalista, aseguró que por la soberanía estatal no hay ninguna ley que obligue al Congreso del Estado a homologar al Poder Judicial de Yucatán con las reformas al Poder Judicial de la Federación.
-Somos una República Federal, no una República Centralista- apuntó.
El experto dijo que en caso de que no se homologue no han sanciones para el Congreso del Estado y, por lo tanto, el Poder Judicial de Yucatán seguirá operando como hasta ahora.
También dijo que la elección de jueces es una maniobra política.
“Los candidatos serán seleccionados por las élites y no habrá verdadera autonomía judicial”, aseguró en entrevista.
Sauri Bazán planteó que el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, tiene la posibilidad de “descafeinar” los efectos de la reforma si actúa con sensatez y promueve el nombramiento de jueces y magistrados con experiencia, evitando la imposición de figuras sin preparación.