La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) votaron a favor de admitir la queja de los magistrados y jueces para revisar la validez de la reforma constitucional al Poder Judicial.
Por ocho votos contra tres, el Pleno del máximo tribunal determinó que la Corte tiene facultades para darle trámite a la solicitud de los juzgadores del país, quienes solicitaron la intervención para se pronuncie sobre la validez de dichos cambios constitucionales, que entraron en vigencia el pasado 16 de septiembre e incluyen la elección de jueces, magistrados y los propios ministros.
Los ministros Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez, Ana Margarita Ríos, Luis María Aguilar, Norma Piña, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo aprobaron el proyecto de José Luis Alcántara, el cual indica que es procedente darle trámite a la queja de los jueces y magistrados.
La mayoría de integrantes de la Corte coincidió en que solo se aprobó darle trámite a la queja, por lo que la discusión sobre la validez del contenido de la reforma judicial y de si la SCJN tiene facultades para modificarla, en su caso, se dará en otro momento.
La presidenta de la SCJN y de la Judicatura, Norma Piña, dijo que la Suprema Corte tiene facultades para conocer cualquier acto que vulnera la autonomía del Poder Judicial.
Abundó que se requiere un estudio de fondo del sistema jurídico mexicano sobre si es procedente el control constitucional de la reforma judicial.
Por su parte, el ministro José Luis Alcántara dijo que hace 10 años Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal promovieron un amparo para que se examinen reformas constitucionales y “nadie los acusó de golpistas”, por lo que llamó a un diálogo reflexivo. Lo anterior ante el señalamiento de las ministras Yasmin Esquivel y Lenia Batres de que someter a revisión la reforma judicial es un golpe de Estado.
En su posicionamiento, la ministra Margarita Ríos Farjat señaló que “este momento histórico le brinda a la Suprema Corte la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates a favor y en nombre del pueblo de México”.
Abundó que la Corte “no puede negarse a pronunciarse” y aclaró que se trata de “una consulta preliminar solo para saber cómo analizar lo que las personas magistradas nos plantean. Decirles que no procede nada, es decirles que no, sin responder lo que están consultando”.
El ministro Javier Laynez indicó que se trata de un asunto inédito y señaló que no es el momento para debatir la validez de la reforma constitucional, cuando llegue ese momento “podrán explayarse”, ahora solo se va a turnar el caso a un ministro.
El ministro Luis María Aguilar aseveró que está de acuerdo en dar trámite a la queja de los juzgadores contra la reforma judicial, porque la Suprema Corte está facultada para velar por la autonomía del Poder Judicial.
Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez expresó que la SCJN no tiene un criterio totalmente definido del control judicial de una reforma a la Constitución, por lo que, dijo, se debe admitir la queja de magistrados.
Al argumentar su voto en contra, la ministra Lenia Batres advirtió que el Poder Reformador de la Constitución no está sujeto a ningún control jurisdiccional, por lo que sin importar el contenido de una reforma, el Constituyente Permanente tiene todas las facultades para llevar a cabo dicho proceso sin control judicial.
Batres señaló que “la Suprema Corte pretende ser juez y parte, a pesar de no ser una autoridad competente, pues su actuación no sería imparcial y los ministros deberíamos de declararnos impedidos para la discusión”.
La reforma judicial por ser un cambio constitucional no es susceptible de control jurisdiccional, ninguna ley o autoridad podría contravenirla, aseveró.
Darle trámite a la queja de los juzgadores sería “una afrenta política contra los órganos facultados para reformar la Constitución” y la Suprema Corte violaría la Constitución valiéndose de una “absurda interpretación”.
La ministra consideró que “implicaría abrir la puerta para que la Suprema Corte revise cualquier reforma a la Constitución y el tribunal constitucional actuaría de manera “tiránica, despótica y autoritaria” contra los otros Poderes, incluso con el Poder Reformador, en el que está representada toda la población, pues participan legisladores de todo el país”.
El proyecto del ministro José Luis Alcántara, dijo, es “incongruente” porque reconoce que la Suprema Corte no puede acudir al juicio de amparo u otro medio de control para controvertir la reforma judicial, pero pretende “ignorar, suplantar y atropellar” la voluntad del pueblo para revisar su validez, lo que “resultaría autoritario” y sería “un golpe de Estado con todas sus letras”.
A su vez, la ministra Yasmín Esquivel apuntó que la petición de jueces y magistrados para revisar la reforma judicial debe ser desechada por ser improcedente, porque los actos de los cambios constitucionales se han consumado de manera “irreparable”.
Por lo que “aun cuando se ordenara admitir a trámite la demanda y se considerará que es factible impugnar una reforma constitucional, sería notoriamente improcedente porque hay un criterio de la Suprema Corte de que ese órgano no puede someter a control los cambios constitucionales”.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz se pronunció en contra de dar trámite a la petición de los jueces y magistrados para revisar la reforma judicial y dijo que la SCJN no tiene permitido realizar un examen de la Constitución, por lo que llamó a evitar politizar la justicia.