El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) aprobó una adecuación presupuestal de 3 millones 220 mil pesos para cubrir los salarios y obligaciones fiscales y de seguridad social de sus servidores públicos.
“Con el objetivo de solventar diversos compromisos, entre ellos las remuneraciones de las y los servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, así como las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones”, informó en un comunicado.
Durante una sesión extraordinaria realizada de manera virtual, el Consejo también aprobó reformas al reglamento interno que regula la administración y destino de los bienes del IEPAC, con el fin de alinearlo a las disposiciones legales vigentes en la entidad.
El Iepac explicó que, a principios de año, al conocer el Presupuesto de Egresos autorizado, solicitó una ampliación al Poder Ejecutivo del Estado, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
Por esta razón, se optó por hacer una adecuación presupuestal que no incrementa la asignación global destinada a servicios personales Se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración a realizar las gestiones necesarias para cumplir con el acuerdo y notificar tanto a la Secretaría de Administración y Finanzas como a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
En cuanto a las reformas al Reglamento para la Administración, Destino Final y Baja de Bienes, el IEPAC indicó que tienen como objetivo garantizar la coherencia en la toma de decisiones relacionadas con la enajenación de bienes.
Para determinar el valor de los bienes, se utilizará el avalúo de una institución de crédito, corredor público o perito autorizado.
Adecir de Moisés Bates Aguilar, consejero presidente, esto es a causa del recorte de 90 millones de pesos que le aplicaron a su presupuesto este año.
El funcionario recordó que desde el inicio de año han solicitado al Poder Ejecutivo del Estado una ampliación a su presupuesto, porque los recursos que les aprobaron se destinaron casi en su totalidad al pago de los gastos de las elecciones, de los que todavía deben una parte al Instituto Nacional Electoral, y no hay para las extraordinarias de Chichimilá e Izamal.