En Yucatán persiste una preocupante escasez de traductores certificados en lengua de señas, lo que representa un obstáculo significativo para la inclusión de personas con discapacidad auditiva en diversos ámbitos de la sociedad, advirtió María Guadalupe Méndez Correa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
“Es una preocupación que vengo visibilizando desde hace varios años. Hay una oportunidad tremenda para accionar y cambiar este panorama”, afirmó.
Méndez Correa hizo un llamado urgente para atender esta deficiencia estructural durante su participación en un evento reciente, señalando que las acciones que se han tomado hasta el momento no han sido suficientes para solventar esta carencia.
La funcionaria destacó que, aunque se ha hablado del problema por años, las acciones implementadas han sido limitadas, dejando a las personas con discapacidad auditiva en una situación de vulnerabilidad.
En este contexto, hizo énfasis en la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar una verdadera inclusión en el estado.
En entrevista, la presidenta de la Codhey expuso que, a nivel nacional, la falta de traductores certificados en lengua de señas no es exclusiva de Yucatán, sino que refleja una problemática generalizada en el país.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegu), hay más de 800 mil personas sordas en México, pero solo existen aproximadamente 50 intérpretes certificados, una cifra considerablemente baja para cubrir las necesidades de esta población.
En Yucatán, abundó, la situación es preocupante, ya que apenas hay entre cinco y seis intérpretes certificados.
La presidenta lamentó que en la Fiscalía General del Estado (FGE) únicamente hay una persona intérprete, lo que consideró insuficiente para atender las necesidades de la población sorda, especialmente en situaciones críticas como la presentación de denuncias.
Además, destacó que no existe un censo claro de cuántas personas padecen discapacidad auditiva en la entidad. Esta falta de datos impide la correcta implementación de políticas públicas y programas enfocados en la inclusión.
Méndez Correa explicó que esta carencia incide directamente en la capacidad de estas personas para participar activamente en la sociedad, ejercer sus derechos y acceder a servicios básicos como la salud, la justicia y la educación.