En México, las mujeres indígenas enfrentan un riesgo significativo de vulneración y criminalización, especialmente aquellas que no hablan español.
Datos recientes de la organización Reinserta revelan que el 43% de las mujeres de comunidades originarias en prisión están acusadas de delitos relacionados con el crimen organizado.
Criminalización y Vulnerabilidad
Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, explica que muchas de estas mujeres no se involucran conscientemente en el narcotráfico.
En su mayoría, provienen de comunidades rurales y campesinas, donde son forzadas a transportar drogas debido a su situación precaria. Niño de Rivera destaca que estas mujeres son usadas principalmente para mover sustancias de un lugar a otro, sin recibir el apoyo necesario durante sus procesos legales.
Deficiencias en el Proceso Legal
Una de las principales problemáticas es la falta de acceso a servicios de interpretación durante los juicios, lo que constituye una grave violación de sus derechos.
La ausencia de traductores y la imposición de condenas desproporcionadas reflejan un sistema judicial que, en lugar de proteger a estas mujeres, contribuye a su marginación y explotación.
De acuerdo con Reinserta, las mujeres indígenas enfrentan condenas, en promedio, seis años más largas que los hombres por delitos similares, y deben pagar aproximadamente 50,000 pesos adicionales en abogados privados.
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Ley de Amnistía: Un Mecanismo Fallido
A pesar de la Ley de Amnistía aprobada en abril de 2020, muchas mujeres indígenas aún están encarceladas por delitos del fuero común, que no están contemplados en esta legislación.
Esto obliga a las mujeres a contratar abogados privados para acceder a los beneficios de la amnistía, generando un “cuello de botella” que perpetúa su situación. Según Fatima Gamboa, co-directora ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres, la falta de liberaciones y la gestión opaca de la Comisión de Amnistía subraya la ineficacia del mecanismo para estos grupos vulnerables.
Desigualdades en el Sistema Penal
El Diagnóstico Sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México muestra que el 40% de las mujeres indígenas están en prisión sin sentencia, en comparación con el 20% de hombres no indígenas que hablan español. En Yucatán, la falta de datos desagregados por etnia del Poder Judicial dificulta el análisis de cómo se criminaliza a las mujeres mayas específicamente.
La falta de información y el tratamiento desigual en el sistema penal destacan la necesidad urgente de reformar las políticas y prácticas para garantizar justicia y equidad para las mujeres indígenas en México.
Por Abraham Bote Tun