Con 359 votos a favor, 135 en contra y luego de casi 12 horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados, instalado en una sede alterna por las protestas, aprobó en lo general el dictamen de la reforma al Poder Judicial.
Ni el riesgo de desacato por existir ya tres suspensiones provisionales a la reforma, el bloqueo al palacio legislativo y las manifestaciones frenaron la decisión tomada por el bloque oficialista de sacar adelante la primera de las reformas que integran el llamado plan C del presidente de la República.
Entre los aspectos más relevantes de la reforma se establece la elección por voto popular para magistrado de Circuito, juez de Distrito, así como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un proceso que se llevará a cabo el próximo año.
Además, reduce la integración a nueve ministros de la SCJN, con una duración en su encargo de 12 años.
También establece un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes dicten sentencias y, en caso contrario, se dará aviso al Tribunal de Disciplina Judicial, figura que se crea con esta reforma, y donde se tendrá que justificar las razones por las cuales no se cumplió el plazo establecido.
Durante el debate, la oposición insistió en los daños que tendrá la aprobación de esta reforma, con la pérdida de la autonomía judicial, el riesgo que implican las elecciones de los juzgadores por la probable intromisión del crimen organizado y la violación a las disposiciones establecidas en acuerdos internacionales.
“En segundo lugar, me preocupa de esta reforma que socava el principio de certeza jurídica. La credibilidad de las decisiones judiciales es esencial para el funcionamiento del Estado, sin ella los ciudadanos pueden prever las consecuencias de sus acciones, lo que genera un clima de inseguridad jurídica.
“Por otro lado, debemos considerar el impacto de esta reforma en el acceso a la justicia. Los cambios propuestos limitan la capacidad operativa de los ya saturados tribunales, lo que inevitablemente resultará en un sistema de justicia más lento y menos accesible”, dijo el diputado Mauricio Cantú Ramírez (PRI).
Agregó que los efectos negativos de esta reforma no se limitan al país, sino que la confianza internacional en el sistema de justicia es clave para mantener las relaciones sólidas con los socios comerciales y aliados estratégicos.
El diputado José Luis Sánchez González (PT) aseveró que reformar al Poder Judicial, “el más envilecido y desprestigiado del país”, es cumplir con un deber y un mandato popular, además de ser un imperativo ético, político y jurídico.
Sostuvo que se trata de un Poder Judicial neoliberal, “está al servicio del gran capital y cáncer de la corrupción, con la presencia de jueces que tuercen la ley y comercian con la justicia, en perjuicio de la ciudadanía, rodeado de grandes escándalos por los lujos, privilegios y prebendas que gozan los ministros de la Corte y, en menor medida, jueces federales y ordinarios”.
“Es ampliamente conocido el nepotismo que prevalece en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde vastas redes de familiares y amigos de los juzgadores están incrustados en sus nóminas; no menos cierto es mencionar también que el Poder Judicial está al servicio de los poderes fácticos y empresas transnacionales, cuyos intereses son privilegiados o amparados”, expresó.
Defendió la elección por voto directo de los juzgadores pues llegarán perfiles profesionales y calificados, privilegiando la democracia participativa o protagónica.
Las únicas reservas, ya aprobadas, fueron presentadas por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
La del PT incluyó la palabra de juezas como parte del lenguaje inclusivo para los cargos de magistrados, jueces y ministros.
La del PVEM estableció que, para el caso de magistrados de Circuito y jueces de Distrito, no se limite su derecho a ejercer la profesión fuera del circuito de su adscripción al momento de dejar el cargo.
La reserva de Morena aprobada propone la modificación para que “las magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado o no resultar electas, sean acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado, 20 días de salario por cada año prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho”.