Desde años atrás, el cibercrimen ha emergido como una de las amenazas más significativas, y México se encuentra entre los países más afectados por esta ola de delitos digitales. Al cierre del año pasado, se registraron al menos 88 mil millones de intentos de ciberataques en el país, con instituciones gubernamentales, financieras y empresas de retail como principales objetivos.
Esta cifra no sólo evidencia la magnitud del desafío, sino también la creciente vulnerabilidad de nuestro país frente a un negocio en expansión, cuyo impacto económico mundial se estima alcanzará los 10.5 trillones de dólares anuales para 2025, superando los ingresos globales por la venta de drogas ilegales.
En este contexto, me parece relevante destacar la reciente iniciativa de la senadora Alejandra Lagunes, quien ha propuesto una Ley de Ciberseguridad que busca enfrentar este problema desde múltiples frentes. Su iniciativa no es simplemente una respuesta a la creciente amenaza cibernética; se trata de una estrategia integral que aborda la necesidad de fortalecer la infraestructura digital del país, garantizar la protección de los ciudadanos y fomentar un entorno de confianza en el ciberespacio.
Hoy en día, los ciberataques en México han demostrado ser tanto diversos como peligrosos. En el ámbito empresarial y gubernamental, el ransomware fue la mayor amenaza durante 2023, afectando sectores clave como salud y energía. En el plano individual, el phishing continua siendo el método más utilizado para cometer fraudes y estafas, aprovechando la limitada cultura digital y la insuficiente protección de los usuarios.
Cabe señalar que el informe de ciberamenazas de SonicWall coloca a México en el sexto lugar mundial en ataques de ransomware, mientras que Kaspersky ha situado a México entre los tres países más afectados en América Latina; una situación que refleja las debilidades estructurales de nuestro marco de seguridad digital.
En ese sentido, la propuesta de la senadora me parece, sin duda, un esfuerzo por cerrar la brecha en la legislación de ciberseguridad en México. Entre sus elementos más destacados, se encuentra la creación de un Sistema Nacional de Ciberseguridad y Confianza Digital, que busca coordinar políticas públicas y asegurar la protección de los derechos humanos en el ciberespacio.
Además, la propuesta también incluye importantes modificaciones al Código Penal para endurecer las sanciones por delitos cibernéticos, así como la implementación de un banco de datos de incidentes cibernéticos, con garantías de confidencialidad y seguridad. Y aunque si bien, la iniciativa trae consigo una serie de retos y desafíos, muestra un enfoque proactivo para abordar las amenazas de manera integral.
Frente a tales consideraciones y a medida que México se adentra más en la era digital, la necesidad de una legislación robusta y bien diseñada en materia de ciberseguridad se vuelve cada vez más urgente. En ese marco, me parece que la propuesta actual es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, ésta requerirá de acciones concretas y coordinadas entre todos los sectores.
Consultor y profesor universitario
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