Con la mayoría de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que reforma el Poder Judicial, cuyo principal eje es la elección de jueces por voto popular.
El dictamen recibió 22 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 17 en contra del Partido Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
La sesión de ayer por momentos se tornó desordenada por los cuestionamientos entre los bloques oficialista y de oposición, así como los reclamos al inicio de la diputada sin partido, Susana Prieto; incluso se perdió la señal del internet y debido a que era una sesión semipresencial la oposición pidió se rectificara el quórum de la reunión.
Una vez aprobado en lo general el dictamen, en la presentación de las reservas Morena propuso crear la figura de jueces sin rostro para los casos en los que esté involucrado el crimen organizado.
Al presentar la adición de una fracción décima al artículo 20 de la Constitución, la diputada Lidia García Anaya (Morena) detalló que “tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadores conforme al procedimiento que establezca la ley”.
Con esta figura, insistió, las identidades de los juzgadores no se conocen, con el objetivo de salvaguardar su integridad y las de sus familias.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) cuestionó cómo es que se pretende dar protección a un juez que no deberá ser identificable y al mismo tiempo someterlo a un proceso de elección.
“No garantiza la protección, porque proponen que sea también electo, cómo es posible que un juez sin rostro sea electo.
Téllez criticó que este cambio propuesto por Morena es una simulación, porque no estaba en el dictamen y responde a una recomendación que hizo el presidente López Obrador.
Durante el debate, la oposición acusó que con la aprobación de esta reforma se consuma una venganza en contra del Poder Judicial por las resoluciones que emitió a lo largo de este sexenio con las que afectó proyectos de la administración federal.
“Al final esta reforma es una vendetta, es una venganza contra el Poder Judicial y es una venganza porque un juez federal ordenó vacunar a niñas y niños de 12 a 17 años de edad durante la peor gestión de la pandemia en el mundo (…) es una venganza porque un juez federal ordenó vacunar a niñas y niños de cáncer, ordenó que se surtieran medicamentos para el cáncer ante la pésima gestión de Morena en materia de salud”, afirmó el diputado Marco Antonio Mendoza (PRI).
El coordinador de PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, aseveró la reforma aprobada llevará al país a una crisis institucional “y les pongo un ejemplo, en la Ciudad de México, si se opta por renovar en el 2025 además de los cargos federales y los locales, se pondrán frente al elector cuando menos 25 boletas, en donde encontrará 4 mil 125 personas, entre los que tendrá que escribir 640 nombres para igual número de cargos”.
“Otro ejemplo más, una entidad como Nuevo León, que tiene comicios para gobernador, ayuntamientos y diputados, si lleva la elección de los juzgadores al 2027, tendrá 21 boletas, ya se imaginarán el número de candidatos y la enorme confusión que nos espera”, advirtió el líder priista.
La vicecoordinadora de la bancada de Morena, Adriana Bustamante, cuestionó que el Poder Judicial se erija como un contrapeso en la República, cuando no representa la voluntad del pueblo.
Resulta paradójico que, en un país que se define como democrático, el Poder Judicial no encarne realmente la voluntad popular. Ese precepto contradice los ideales democráticos de México.
Hasta el cierre de esta edición continuaba la presentación de las 330 reservas que presentaron todos los grupos parlamentarios.