“La reforma al Poder Judicial va porque queremos a jueces y magistrados más cercanos al pueblo” aseguró el diputado federal electo Oscar Brito Zapata, a menos de diez días de tomar posesión con la super bancada que ha logrado Morena en su historia.
Expresó que dos de los principales objetivos de esta iniciativa son que el pueblo decida quién impartirá justicia en el país y que se eliminen los privilegios de unos cuantos.
En entrevista con 24 HORAS Yucatán, el futuro legislador recordó que la reforma fue propuesta el pasado 5 de febrero como parte de un paquete de 20 reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados.
Una reforma a la ley, explicó, requiere el 50% más uno de los votos.
En este caso, el sistema tiene un “candado”, por lo que no es tan sencillo modificar el régimen constitucional: “Requiere la mayoría calificada, que son las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.”
También, dijo, necesita la mayoría calificada en el Senado y la aprobación por parte de la mayoría de las legislaturas locales: “Esta reforma, además de que pasará por la Cámara y el Senado, seguramente también pasará por el Congreso del Estado de Yucatán.”
La reforma del Poder Judicial, agregó el abogado Oscar Brito, tiene importantes implicaciones ya que representa la reconfiguración de uno de los tres poderes. Lo más polémico de esta propuesta de la Cuarta Transformación (4T), reconoció, es la elección por voto directo de magistrados, ministros de la Corte y jueces: “Que la gente sea la que tome la decisión.”
Esto, añadió Brito Zapata, tiene la intención de que haya una mayor legitimidad a la que otorga actualmente la Constitución. Detalló que la designación de ministros hoy en día se realiza a través de una terna propuesta por el presidente de la república; y el Senado la vota.
“Algunas personas dicen que ‘Morena quiere el control’, pero la realidad es que tenemos la mayoría calificada. Podríamos proponer sin consultar a nadie y aprobar a quien quisiéramos, pero no es así. Aun con esa responsabilidad, tomamos la decisión de que sea el pueblo el que vote por sus juzgadores,” sentenció.
Una figura ‘viciada’
Además, explicó, se prescindirá de una figura que consideran “viciada” de origen, pues cuando llegó la reforma de 1994 nació el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo objetivo es la administración del Poder Judicial, así como la vigilancia y sanción de las personas servidoras públicas de ese Poder.
“Desde su constitución, el Consejo estuvo presidido por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, si hoy queremos que se investigue por corrupción a algún juez, quien debe dar trámite a esa investigación es la ministra Norma Piña.”
Entonces, condenó, se juega un papel de juez y parte que busca eliminarse con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial: “Que la parte administrativa quede a cargo de un órgano de administración judicial que sea el que vigile y sancione, en su caso, a las personas servidoras públicas.”
Este organismo, precisó, estará integrado por cinco magistrados también electos por voto directo, con la particularidad de que no tendrán relación alguna con ministros de la Corte, jueces y magistrados, lo que permitirá que tengan real autonomía al momento de tomar sus determinaciones.
“Queremos un Poder Judicial mucho más cercano al pueblo. Incluso entre nuestros críticos hay quienes han reconocido que es cierto el diagnóstico de que el Poder Judicial se alejó del pueblo, que es la soberanía de nuestra nación y está por encima de los tres poderes.”
Mitos en torno a la reforma
Brito Zapata mencionó que hay todo tipo de comentarios en torno a esta reforma: “¿Es verdad que un comerciante va a poder ser juez?,” preguntan, por ejemplo. Los requisitos de elegibilidad, aclaró, no están siendo modificados.
“Quienes serán jueces tendrán que ser profesionales del derecho. Es uno de los mitos de la reforma; y, por otro lado, el pueblo mexicano es consciente e informado. Hay que dejar de temer a que sea el pueblo quien tome la decisión,” aseveró.
En la 4T, expuso, están convencidos de que se debe escalar hacia métodos de democracia más participativa: “Por eso propusimos la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum y otras figuras que buscan que la gente participe.”
Si bien la decisión final la tendrá el pueblo, precisó, habrá un “candado.” La propuesta de quienes serán candidatos a juzgadores, jueces, magistrados y ministros, tendrá que salir de uno de los tres poderes.
Para el caso de ministros, apuntó, la propuesta señala que el Poder Ejecutivo mande 10 propuestas; el Legislativo otras 10; cinco los diputados; cinco el Senado; y el Judicial tiene derecho a mandar otras 10 propuestas.
Esperanza para trabajadores
La reforma, aseguró Oscar Brito, es vista con buenos ojos por la base trabajadora del Poder Judicial. Hay muchos trabajadores, lamentó, que hoy son sujetos a presiones y por eso se fueron a paro, pero aseguró que hay varios dirigentes sindicales que se sienten esperanzados a razón de esta iniciativa.
“Esto garantiza que muchos profesionales en el Poder Judicial, personas con todas las credenciales para ser juez, puedan serlo. El nepotismo es una de las prácticas que queremos erradicar del Poder Judicial; no puede ser que haya un magistrado con 70 familiares trabajando allí.”
Otra de las razones de la reforma, añadió el futuro legislador, es que se buscará tener un Poder Judicial más austero, ya que hoy los ministros de la Corte ganan más de 300 mil pesos al mes, prácticamente el doble que el presidente.
En lo referente a las especulaciones de que las elecciones extraordinarias que serían en el 2025 van a ser costosas, el abogado aclaró que no será así: “Si acaso costará la impresión de boletas,” pues, dijo, solo se tiene prevista una elección extraordinaria.
“Seguramente estaremos aprobando la reforma en septiembre para que el próximo año haya una elección extraordinaria para renovar al Poder Judicial y a partir de eso se emparejará con la federación. No habrá financiamiento público ni privado.”
El Instituto Nacional Electoral (INE), precisó, será el organismo encargado de organizar la elección. No dará financiamiento público a los candidatos a jueces, magistrados y ministros; únicamente contarán con los tiempos oficiales en radio y televisión: “No va a ser un proceso costoso.”
La reforma va
Muchas de las personas que están en contra de la reforma del Poder Judicial, señaló, son los adversarios de Morena: el PRI y el PAN, así como algunos servidores públicos, pues temen perder sus privilegios: “La reforma al Poder Judicial va, así como la elección por voto popular. No está a discusión.”
Los derechos de las personas trabajadoras, subrayó, están garantizados pese a la reforma. No se trata, enfatizó, de una reforma laboral, sino una que busca acabar con los privilegios de los que gozan unos pocos, reiteró.
La reforma, detalló, tiene un apartado en el que se imponen 180 días una vez haya sido aprobada para que los Congresos locales adecúen sus procesos a fin de homologarse al marco constitucional.
“Es decir, que seguramente, una vez aprobada la reforma, el día de mañana también los yucatecos vamos a poder elegir y votar, no solo jueces federales, ministros y magistrados; sino también a los jueces del fuero común, de oralidad familiar, de control en materia penal y a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.”
Una vez que se tengan los dictámenes aprobados, prosiguió Brito Zapata, cuando entre la legislatura el primero de septiembre, no tendrán que constituir comisiones para que los analicen, se someterán a la votación del pleno; y con la mayoría calificada, estaría siendo aprobada antes de que culmine el mes de septiembre.