Más de 90 organizaciones de la sociedad civil, colectivas y activistas se reunieron en Mérida para participar en las mesas de trabajo “Hacia una Agenda por los Derechos Humanos: Voces de la Sociedad Civil”, convocadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).
El evento, realizado el 12 y 13 de agosto en el Salón de Usos Múltiples “Lic. José María Pino Suárez” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), busca construir una agenda de derechos humanos que guíe a la institución durante los próximos cinco años.
La presidenta de la CODHEY, María Guadalupe Méndez Correa, encabezó las mesas de trabajo, destacando la importancia de construir una agenda que sirva de puente para cerrar las brechas de desigualdad en el estado. En su mensaje inaugural, Méndez Correa reiteró el compromiso de la nueva administración de la Comisión con la sociedad civil organizada, colectivas y académicos, y subrayó la importancia de un trabajo conjunto y participativo.
“El objetivo de estas mesas es proporcionar un panorama claro de la situación de los derechos humanos en Yucatán y orientar la actuación de los poderes democráticos locales en el cumplimiento de sus obligaciones”, explicó la Ombudsperson.
La agenda, coordinada por el consultor Otto Cuauhtémoc Castillo González, abarcó temas clave como personas migrantes, personas con discapacidad, mujeres, cambio climático, infancias y adolescencias, personas mayores, personas que viven con VIH o sida, juventudes y personas LGBTI.
El evento inaugural contó con la presencia de destacadas figuras académicas y jurídicas, incluyendo a María Minerva Zapata Denis, Directora de la Facultad de Derecho de la UADY; Jorge Carlos Herrera Lizcano, Director de Asuntos Jurídicos de la misma universidad; Roger Israel Romero Ojeda, Director del Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán (CEPREDY); y María Eugenia Sansores Ruiz, Rectora de la Universidad Mesoamericana de San Agustín.
Los resultados de estas mesas de trabajo se darán a conocer en noviembre, marcando un paso significativo hacia una mayor inclusión y justicia social en Yucatán.