La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), María Guadalupe Méndez Correa dio a conocer que los centros de detención de la entidad han mejorado su evaluación por sus buenas prácticas, de tal suerte que han pasado de ocupar el puesto 14 hace seis años a estar al momento en el lugar número tres a nivel nacional.
La ombudsperson de la entidad explicó que los centros de reinserción de la entidad han tenido buenas calificaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que es el encargado de llevar a cabo los diagnóstico de estos centros de detención, por lo que sostuvo que estarán dándole seguimiento y revisando el trabajo que se hace lugares como en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mérida, así como otras cárceles para así conservar los avances en esta materia en el estado.
Méndez Correa dijo que estuvo revisando los últimos diagnósticos de todos los centros de detención del país y destacó que los que corresponden al estado de Yucatán avanzó lugares, de tal suerte que al momento ocupa el tercer lugar a nivel nacional por sus buenas prácticas.
“Yucatán estaba en el lugar 14 hace seis años y ahora están en el tercer lugar. Lo que debemos hacer es conservar esta referencia”, indicó.
Adelantó que estarán revisando el diagnóstico que hace el Centro de Supervisión a Organismos Públicos, sobre todo en su metodología, esto con el objetivo de impulsar las estrategias, así como las acciones necesarias para que Yucatán mantenga el puesto que ya ha ganado, aunado que esto también les permitirá ubicar áreas de oportunidad se pueden mejorar en los centros penitenciarios de la entidad.
En otro orden de ideas, la presidenta de la CODHEY también señaló que una vez que está empezando su gestión al frente de este organismo, estará trabajando en una metodología llamada desempaque de derechos humanos, la cual cosiste en preguntar a diversas organizaciones de la sociedad civil organizada su opinión en donde se deben redoblar los esfuerzos para sumar en esa materia en la entidad.
Dijo que al momento están trabajando en lo que sería la primera recomendación de su gestión por un caso de discriminación ocurrido en el puerto de Progreso, ya que se negó un permiso para realizar una boda de miembros de la comunidad LGBT.
“Vamos a estar muy pendientes y dar los acompañamientos pertinentes para que no se repliquen las situaciones de discriminación en el estado”, sostuvo.
De igual forma, señaló que estarán trabajando en alianza con las nuevas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para incidir en los derechos humanos, por lo que en breve esperan tener los primeros acercamientos para avanzar en la materia.