El Gobierno del Estado promulgó la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual fortalece acciones de prevención con protección y certeza jurídica a las acciones destinadas a mejorar la seguridad desde una etapa temprana.
La nueva ley establece las bases de coordinación entre los órdenes estatal y municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana.
Todas las acciones deben estar sustentadas en evidencia científica y guiadas por principios, objetivos, procedimientos y métodos de evaluación veraces.
La prevención social de la violencia y la delincuencia se define como el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las diversas causas y factores que las generan.
El Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (cepredey) tendrá un papel regulador en estas tareas, las cuales serán coordinadas a través de un Consejo Estatal.
Este consejo estará integrado por 18 dependencias y órganos, incluyendo la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, la Secretaría de la Cultura y las Artes, la Secretaría de las Mujeres, la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Antes de esta ley, el CEPREDEY operaba con un marco jurídico limitado, basado en decretos y no en una legislación formal.
La nueva ley subraya la importancia de llevar a cabo políticas públicas multidimensionales que contemplen la colaboración entre distintas instancias gubernamentales, municipales, sector civil, instituciones académicas y la comunidad en general, con la participación ciudadana como un componente obligatorio.
La ley también prioriza la prevención de adicciones a sustancias, especialmente cuando están vinculadas a la violencia y la comisión de delitos.
Incluye un capítulo especial que destaca una perspectiva de prevención integral, interinstitucional y comunitaria de los factores de riesgo asociados al inicio del consumo de sustancias.
Esto implica promover acciones que ayuden a retardar la edad del inicio del consumo de sustancias, basadas en buenas prácticas y priorizando a grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes.
La ley contempla combatir la estigmatización de conductas asociadas al consumo de sustancias e implementar acciones y programas con efectividad comprobada y efectos a largo plazo.
Se establece un precedente en la prevención de adicciones, considerando que este fenómeno afecta diversos entornos, como la familia y el trabajo, y puede comprometer el desarrollo de las juventudes y adolescentes.
La promulgación de la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Yucatán representa un esfuerzo significativo por parte del gobierno estatal para promover un entorno más seguro y libre de violencia.