“Será considerado usuario quien, para uso propio, adquiera, guarde, tenga en depósito, transporte o lleve consigo hasta 40 gramos de cantidad de cannabis sativa o seis plantas hembra”, dijo el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso.
La máxima corte de Brasil fijó el miércoles en 40 gramos la cantidad de marihuana que diferenciará a un usuario de un traficante, tras despenalizar la víspera el porte de esta droga, una decisión que divide a la sociedad.
Los jueces del STF votaron el martes a favor de despenalizar el porte de marihuana para uso personal, en un juicio iniciado en 2015.
La medida adoptada es una solución intermedia entre los 25 y 60 gramos que habían propuesto previamente los magistrados.
Los límites establecidos en Brasil superan los fijados en otros países donde el consumo recreativo es permitido, como Alemania, que permite hasta 25 gramos o tener tres plantas, y que Canadá, que admite hasta 30 gramos y cuatro plantas por hogar.
No obstante, la corte decidió también que la tenencia y consumo de marihuana continuará siendo “una acción ilícita” pasible de medidas administrativas, como seguir un programa educativo. A la vez, se mantiene “la prohibición del consumo en lugares públicos”.
La legislación vigente hasta ahora, que data de 2006, castiga a quien “adquiera, guarde, transporte o lleve consigo para uso personal drogas sin autorización”, incluida la marihuana.
“Creo que es noble diferenciar entre el consumidor, el usuario y el comerciante”, afirmó Lula en entrevista con el portal UOL.
Para Carlos Eduardo Araujo, director del Observatorio Brasileño de Cannabis, la decisión puede permitir la revisión de algunos casos de personas presas por porte de marihuana y sin indicios de ser traficante.
“Pero aún así, es insuficiente para garantizar el uso a título individual de la marihuana”, matizó.
El Senado, de mayoría conservadora, aprobó en abril un proyecto que introduce en la Constitución el delito de posesión de drogas sin importar la cantidad.
La enmienda será debatida por una comisión especial de la Cámara de Diputados.
AFP