La propuesta de reforma al Poder Judicial abre la puerta para que políticos, exlegisladores, exsecretarios de Estados y exgobernadores se puedan colar como magistrados y jueces, que son la primera línea en la impartición de justicia federal.
Expertos consultados por 24 HORAS alertaron del riesgo que significa politizar los principales órganos de justicia del país, pues los juzgadores podrían responder a un cúmulo de intereses, como el crimen organizado, partidos, poderes económicos y fácticos.
Otro de los focos rojos es que los políticos que lleguen a los juzgados y tribunales federales lo harían con una lógica electoral; es decir, tendrían detrás una estructura de partido que los ayudó en sus campañas, así como una base de votantes, que funcionarían como justificación para legitimar sus decisiones.
En la actualidad, los jueces de Distrito y magistrados de Circuito se eligen por concurso de oposición, que consta de varias etapas, como un examen de 100 preguntas; luego, una evaluación práctica, en las que se les pide, en alrededor de cinco horas, elaborar un proyecto de sentencia, para pasar a un examen oral sobre los conocimientos jurídicos ante un jurado, y con un candado de acreditar cinco años de carrera en el Poder Judicial, todo bajo la vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal.
De concretarse el Plan C, se eliminarán dichos concursos de oposición y se pasará a un modelo en el que se suprime la carrera judicial y cualquier persona, incluso aquellos con antecedentes políticos y partidistas, podrá acceder a esos cargos de alta especialización mediante voto popular en juzgados de Distrito y tribunales colegiados.
En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la designación de exfuncionarios y personas vinculadas a partidos es algo que ya ocurre, pues la Constitución permite que exfuncionarios participen en el proceso, siempre que cumplan con tener un año fuera de sus cargos. Además de que el Presidente y la mayoría del Senado son los encargados de designarlos.
Algunos de los casos son Loretta Ortiz Alf y Lenia Batres, actuales ministras de la Corte, quienes tienen una abierta y comprobada afinidad con Morena, por lo que la reforma judicial, en caso de que se apruebe, abriría la posibilidad de replicar ese modelo, lo que significaría eliminar la carrera judicial y designar a miles de personas cercanas a partidos como jueces y magistrados, quienes resuelven el grueso de juicios federales.
De acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con datos de 2022, en el país había mil 647 jueces y magistrados federales, que tan solo en ese año publicaron 972 mil sentencias, que significa más de 90% del Poder Judicial, que incluye a la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De aprobarse la reforma judicial, que necesita pasar por el aval de una mayoría calificada en el Legislativo y la ratificación de más de 17 congresos locales -lo que Morena y aliados están cerca de obtener- esos juzgadores serían destituidos y su lugar será ocupado por quienes se inscriban al proceso de elección por voto popular, el cual abre la puerta de llegada a expolíticos a los órganos de justicia que resuelven 90% de casos federales al año, además de sumar requisitos aún por definirse.
La reforma permitiría que exsecretarios de Estado, exgobernadores, exfiscales y exlegisladores puedan inscribirse a la elección de jueces y magistrados, solo con el candado de haber dejado sus cargos un año antes de los comicios y acreditar cinco años de experiencia en el ramo judicial que compitan.
ALERTAN PARTIDIZACIÓN
Para José Perdomo Galicia, especialista en procesos constitucionales y académico de La Salle, lo anterior significaría partidizar los órganos judiciales, con un “verdadero peligro” de que las personas con afinidad política que ganen los cargos de jueces y magistrados, mediante voto popular, deban favores y respondan a intereses del crimen organizado, los poderes fácticos y económicos, así como partidos.
Las “letras chiquitas” de la propuesta, conocida como Plan C, para la elección popular de jueces, y magistrados, señalan que sólo se establece un candidato de un año después de dejar el cargo para poder participar en el proceso.
Uno de los requisitos para poder participar en la elección de jueces de Distrito y magistrados de Circuito es “no haber sido secretario de Estado, Fiscal General de la República, diputado federal ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de la elección”.
Es decir, que en caso de aprobarse los cambios constitucionales para hacer realidad el Plan C y la próxima elección de jueces y magistrados se realice después de septiembre de 2025, incluso podrían participar secretarios de Estado que actualmente están en funciones, gobernadores que dejaron su cargo y los diputados y senadores que culminarán su encargo en esta Legislatura.
El especialista en procesos constitucionales aseveró que las “letras chiquitas” del Plan C son peligrosas y tienen graves riesgos, como la total partidización y politización de Poder Judicial, así como la destrucción no solo de ese ente, sino del sistema republicano de Gobierno, que establece funciones específicas y autónomas de cada uno de los tres poderes.
Perdomo alertó que otro de los riesgos es que los juzgadores federales son los que conocen de asuntos en los que el Gobierno federal está involucrado, por lo que el ingreso de personas afines podría significar que los casos sean juzgados con una perspectiva política y no técnica, bajo el respaldo de su estructura de votantes que utilizarían para legitimarse.
“A quién van dirigidas esas letras, a las personas que en poco más de seis años se han sumado a las filas de Morena (…) cuántas de esas personas que tuvieron reflectores políticos podrán llegar y va en contra de la naturaleza del Poder Judicial, porque que acto más importante que la emisión de un voto”, aseveró.
Por su parte, Luis Eliud Tapia, constitucionalista y consultor de Due Process of Law Foundation, que promueve el Estado de Derecho en América Latina, dijo a 24 HORAS que lo ideal sería establecer más candados y controles para evitar que políticos de carrera, respaldados con una estructura partidista y de votantes, lleguen a los juzgados y tribunales.
Planteó que la prohibición de un año para estar fuera de cargos públicos o en secretarías de Estado se amplíe “de cinco o 10 años, para evitar que personas que tuvieron posiciones partidistas acudan”.
El también exacadémico de la Escuela Federal de Formación Judicial aseveró que hasta el momento no se ha hablado de más filtros, pero estos pudieran establecerse en la construcción de las legislación secundaria, en caso de aprobarse la reforma judicial.
Indicó que es necesaria una reforma judicial, pero centrada en combatir la corrupción en juzgados locales y federales, fortalecer los institutos de Defensoría Pública de las entidades, reformar las fiscalías y el Código Penal para ampliar los delitos que pueden resolverse mediante la justicia cívica.
Sin embargo, su análisis es que de aprobarse la elección de jueces, magistrados y ministros, se podría detonar una crisis mayor en el Poder Judicial, pues más de mil 600 personas en esos cargos “serían borradas de un plumazo” y no se sabe qué pasaría con sus expedientes, pues de pasarse a los nuevos titulares electos se generaría un rezago por la curva de aprendizaje necesaria para resolver los asuntos.