El gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, emprendió un paso significativo en el ámbito internacional al sumarse al debate jurídico que se lleva a cabo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a los presuntos actos de genocidio en Gaza perpetrados por el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu.
A través de un recurso legal presentado por la Cancillería, México ha solicitado a los jueces de la CIJ que consideren varios aspectos cruciales en este caso, en el cual se debate si las acciones de Israel en Gaza constituyen genocidio.
El documento, firmado por Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destaca la necesidad de analizar tanto el “elemento mental” como el “elemento físico” para definir un genocidio, así como la importancia de evaluar la destrucción de bienes culturales como parte de las acciones perpetradas.
PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/kruJovhrXx pic.twitter.com/tSHs81sCfB
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 28, 2024
Entre los argumentos presentados por México se resalta la existencia de acciones genocidas en conflictos armados, subrayando la vulnerabilidad de la población civil en estas situaciones.
Además, se hace hincapié en la destrucción del patrimonio cultural palestino en Gaza y la negación del paso de ayuda humanitaria como posibles acciones genocidas.
Al unirse a la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel por posibles actos de genocidio, México busca aportar su perspectiva en la interpretación de las disposiciones relevantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Es importante destacar que México no está solo en esta iniciativa, ya que otros países como Nicaragua, Colombia y Libia también han expresado su interés en ser parte del caso. La solicitud de medidas provisionales por parte de Sudáfrica, emitida el 26 de enero y respaldada por la CIJ, refleja la relevancia y la urgencia de abordar esta cuestión en el ámbito internacional.