Amnistía Internacional México reveló en su informe “Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México” que las autoridades mexicanas han utilizado el sistema de justicia penal para investigar y espiar ilegalmente a tres destacadas defensoras de derechos humanos.
La abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti fueron objeto de una investigación indebida y espionaje por parte de la SEIDO de la entonces PGR (hoy FEMDO de la FGR) en 2016, acusadas sin pruebas de delitos de delincuencia organizada y secuestro.
La intervención estatal se produjo mientras estas mujeres trabajaban para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011.
Las autoridades utilizaron el marco jurídico de secuestro y delincuencia organizada para solicitar información de telecomunicaciones de las defensoras, rastreando sus llamadas y ubicaciones sin la debida autorización judicial.
A pesar de que la investigación y el espionaje datan de 2016, persiste la incertidumbre sobre su continuidad, y ningún funcionario ha sido procesado por estas acciones. La situación ha dejado a las defensoras en una constante amenaza de ser nuevamente investigadas de manera arbitraria, sin garantías de debido proceso.
Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, denunció la crisis de derechos humanos en el país, subrayando que este caso ejemplifica el uso del sistema penal para amedrentar y criminalizar a quienes defienden los derechos humanos. Las acciones del Estado no solo generan temor entre las tres defensoras, sino también entre otros activistas que buscan justicia y verdad.
La SEIDO de la PGR, autorizada por altos niveles jerárquicos, desvió recursos de la investigación de las masacres de San Fernando para espiar a las defensoras. A través de medios ilegales, establecieron contactos y ubicaciones de las defensoras, sin cumplir con las formalidades legales y sin informarles de las acusaciones en su contra.
El informe de Amnistía Internacional también critica a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por cerrar inicialmente la queja de las defensoras sin un análisis adecuado, y solo reabriéndola tras un amparo y múltiples intervenciones.
Mientras se persigue a las defensoras, las graves violaciones de derechos humanos en San Fernando permanecen impunes, sin que haya una sola sentencia por estos crímenes.
Amnistía Internacional recomendó a la FGR: detener cualquier investigación o espionaje contra las defensoras, eliminar información confidencial de sus expedientes, y sancionar a los responsables. Además, se pide una disculpa pública y una reparación integral para las afectadas.