La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estará incompleta para la discusión de la calificación de la elección presidencial, lo que se traduce en un debilitamiento institucional, alertan expertos y organizaciones civiles.
Dicha instancia se mantiene con solo cinco integrantes, debido a la falta del nombramiento de dos magistrados por parte del Senado, por lo que de continuar así se incumplirá lo que indican las leyes y se tendrá que echar mano de un mecanismo de emergencia.
Para decretar la nulidad o validez de la elección presidencial, según el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la sesión del Pleno de la Sala Superior deben estar presentes al menos seis de siete magistrados, lo cual no se cumple ahora.
En la actual integración de la Sala Superior están Mónica Soto, como presidenta, así como Janine Otálora, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata.
La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla un mecanismo emergente ante la falta de quórum para votar la calificación de la elección presidencial, que es convocar al magistrado con más antigüedad de las salas regionales.
Sin embargo, en cada una de las cinco salas regionales, el Senado también ha incumplido con los nombramientos pendientes, por lo que en la de Toluca, Monterrey, Guadalajara, Xalapa y Especializada les hace falta un integrante.
Consultado por este diario, Gustavo López Montiel, de The New School for Social Research de New York, alertó que la calificación de la elección presidencial tendrá el sello de la Cuarta Transformación (4T) que es debilitar a los órganos autónomos a través de la falta de nombramientos.
“Como están incompletos se deben tomar a otros cargos para que cumplan con la función de magistrados y lo que están haciendo es debilitar a la estructura institucional del Tribunal”, aseveró.
La calificación de la elección presidencial podría tener una mancha en su legitimidad por no ser votada por seis magistrados de la Sala Superior y echar mano del mecanismo de emergencia, consideró el doctor en Ciencia Política.
El experto indicó que todos los nombramientos pendientes en tribunales electorales deben pasar por el Senado, por lo que la Cuarta Transformación “ha aprendido que manteniendo órganos incompletos puede manejarlos de mejor manera”.
La misma situación se réplica en los tribunales electorales de los estados, pues sólo tres de los 32 tienen una integración completa, en el contexto de la elección más grande de la historia.
La mayoría de tribunales electorales del país operan con sus secretarios como magistrados en funciones por ministerio de ley.
Al respecto, Gustavo López considera que se trata de una acción deliberada del Senado, con mayoría de Morena, para ejercer un control y debilitar a esos organismos, que son la primera instancia de decisión sobre los resultados electorales en las entidades.
La afectación de que 29 tribunales estatales utilicen funcionarios emergentes para actuar como magistrados es que “no sabemos quiénes son y sus antecedentes políticos”.
“Mantenerlos incompletos les da la razón de que pueden funcionar más pequeños, de que pueden ser inservibles y que solo se debe tener uno a nivel federal”, señala el experto.
La reforma electoral, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla la disolución de los 32 tribunales estatales para dar paso a un sistema federalizado de justicia electoral.
Los 32 tribunales electorales del país costarán 2 mil 417 millones de pesos, aunque solo son una entidad intermedia, pues el TEPJF es la última instancia de resolución en materia electoral y cualquier candidato, partido, ciudadano u otro tiene derecho a impugnar ante la Sala Superior.
De acuerdo con un análisis de la organización Laboratorio Electoral, los tribunales electorales locales recibieron este año un recorte de más de 565 millones de pesos.
Para el experto de The New School for Social Research de New York, el modelo centralizado se puede instaurar en México, pero debe ser completo y no solo por partes, es decir, no solo desaparecer a los tribunales locales.
El pasado 9 de abril, más de 200 integrantes de la sociedad civil firmaron un desplegado dirigido al Senado en el que alertaron por la falta de nombramientos de 44 magistrados locales y federales.
“Esta omisión, que consideramos todavía puede subsanarse, marcará la historia de la Legislatura y podría complicar gravemente el desarrollo y resultado de la elección”, indica el escrito.
Con el incumplimiento, indican, “se pone en entredicho el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y terminará lastimando la confianza social tanto en el proceso electoral como en el Senado”.