En campaña por los municipios de Hocabá, Homún y Tekit, Joaquín Díaz Mena, candidato a gobernador por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó su propuesta de seguridad, que incluye la profesionalización de las policías municipales.
Señaló que el plan es que respondan de manera efectiva a las particularidades de cada uno de los 106 municipios de Yucatán, con el objetivo de mantener y potenciar los niveles de paz que caracterizan al estado.
Explicó que su propuesta se basa en la adaptación de los programas de formación y operación policial a las necesidades y características específicas de cada comunidad.
La idea es que no todos los municipios enfrentan los mismos desafíos de seguridad, por lo que un enfoque uniforme podría no ser eficaz en todos los contextos locales.
Además de la reforma policial, Díaz Mena manifestó su intención de impulsar un modelo de justicia cívica a nivel municipal.
Lo anterior con el objetivo de mejorar los servicios de impartición de justicia en las comunidades, aumentando la eficiencia en la resolución de conflictos vecinales y comunitarios.
Este sistema incluiría la revitalización de los roles de los Jueces de Paz, quienes jugarían un papel clave en la resolución de controversias en un marco de justicia equitativa y con perspectiva de género.
Con relación a las políticas de inclusión, propuso una reforma constitucional para asegurar que las comunidades indígenas sean reconocidas como sujetos de derecho.
Esto también implicaría que las consultas a las comunidades mayas sean obligatorias antes de la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura en sus áreas, asegurando su participación en las decisiones que les afectan directamente.
Otro componente clave del plan de seguridad de Díaz Mena es la creación de la Ley del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.
Esta ley estaría diseñada para proporcionar a las poblaciones vulnerables los recursos necesarios para defender su patrimonio, trabajando en colaboración con las autoridades municipales para garantizar la protección de los derechos patrimoniales.