Al realizar su primer informe al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), ante el Congreso de Yucatán, José Arjona Canto, señaló que durante 2023 derivado de las quejas recibidas, se registraron 1,002 hechos violatorios de Derechos Humanos.
“De esos hechos se clasificaron 123 causas, de las cuales las más recurrentes fueron, en primera instancia, la prestación indebida del servicio público, detención arbitraria, lesiones, amenazas y robo”, precisó.
El encargado de la presidencia del organismo autónomo presentó ante el Poder Legislativo el Informe Anual de Actividades del año 2023, el cual fue entregado también en sistema braille, así como de manera digital y en lengua maya, a fin de que sea accesible para cualquier persona que desee consultarlo.
Señaló que también que durante este año recibió en promedio siete solicitudes de servicio al día, que sumaron un total de dos mil 373 peticiones de intervención de las cuales mil 071 fueron canalizadas a instancias correspondientes, 914 fueron integradas como expedientes de gestión y 296 quejas.
Apuntó que un total de 55 autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos, siendo las corporaciones policiacas del estado y municipales, así como autoridades educativas, los más señalados.
Además fueron dictadas 213 medidas precautorias y cautelares a un total de 50 autoridades a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos reclamados o que pudieran causar daños de difícil reparación a las personas afectadas.
El ombudsman yucateco dijo que la Codhey también realizó 136 diligencias relativas al incidente de presentación de personas para su búsqueda y localización y presentó 32 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por actos que además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, constituían hechos delictivos.
Agregó el presidente de la Codhey que en el año 2023 fueron emitidas 34 recomendaciones dirigidas a un total de 19 autoridades de las cuales, la mayoría han sido aceptadas. Además, un total de 51 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados producto de las investigaciones del organismo autónomo.