La vigilancia sobre las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha generado preocupación en cuanto a la respuesta a fugas y derrames, evidenciando una falta de sanciones contundentes por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA).
Entre 2015 y 2022, Pemex reportó 5,999 eventos de este tipo, mientras que la ASEA solo impuso 14 sanciones en ese período. Un caso emblemático fue el derrame en el río Cazones en octubre de 2014, que afectó a poblaciones como Poza Rica y sus alrededores, generando evacuaciones y problemas de salud.
La creación de la ASEA en 2015 como parte de la reforma energética buscaba mejorar la supervisión ambiental en el sector petrolero, pero las fugas persistieron.
En regiones como la Huasteca-Totonacapan, la actividad petrolera ha dejado un historial de contaminación y afectaciones ambientales, lo que ha llevado a la creación de organizaciones como la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan (CORASON) para monitorear y abordar estos problemas. A pesar de los esfuerzos de vigilancia, los reportes de incidentes ambientales continúan, evidenciando una acumulación de daños en estas zonas.
A nivel nacional, Veracruz y Tabasco concentran el 60% de los derrames y fugas, según datos oficiales, mientras que la ASEA solo ha emitido 14 sanciones en cinco años, sin ninguna en los últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La falta de transparencia en la información sobre estas sanciones y la escasa respuesta de las autoridades ante los impactos ambientales generados por la industria petrolera plantean interrogantes sobre la eficacia de la supervisión de Pemex.
La ausencia de sanciones contundentes por parte de la ASEA contrasta con el historial de multas emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) antes de la creación de esta agencia.
Sin embargo, la falta de transparencia en la divulgación de información sobre las sanciones de la ASEA genera dudas sobre su efectividad en la supervisión de Pemex. Ante esta situación, las comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una mayor responsabilidad ambiental por parte de la industria petrolera y una supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes.
Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina