Vidrios y paredes agujereadas por impactos de bala, jacuzzis, una discoteca, escondites de droga: los vestigios del poder del narco dentro una cárcel de Ecuador recuerdan la guerra que se libra dentro y fuera de las rejas.
Antes envalentonados y hoy bajo disciplina militar, decenas de presos con uniformes anaranjados hacen ejercicio, se forman y barren pisos bajo las órdenes de soldados dentro de las 17 hectáreas de la cárcel de Latacunga, en el centro andino.
Esta y otras prisiones del país han sido centro de operaciones y campo de batalla de numerosas organizaciones traficantes de droga, vinculadas a carteles mexicanos y colombianos.
Durante un recorrido para la prensa, un militar explica a la AFP que ahora la prisión de Latacunga “está al 100% bajo el control de Fuerzas Armadas”. Según los soldados, atrás quedó la época de frecuentes choques entre bandas rivales que dejan más de 460 reos fallecidos desde 2021.
Pero la cárcel custodiada por unos 1.500 militares no oculta sus heridas de guerra: rastros de balas, celdas transformadas en cómodos dormitorios para grandes capos, uno de ellos con jacuzzi. Y en otra zona, una discoteca, en cuyas paredes camuflaban drogas y armas.
Un sofá, una afelpada alfombra roja, la figura de un caballo y un mural de una mujer semidesnuda adornaban el espacio de diversión.
Con capacidad para unas 4.900 personas y una ocupación de casi 4.300, la de Latacunga es una de las cárceles más modernas del país.
Pero en el pabellón de mujeres, una de ellas lanza desde su celda: “ya no podemos ni hablar” y “no tenemos ni papel higiénico”.
Hasta hace unos años Ecuador era un país tranquilo, pero la violencia ligada al narcotráfico multiplicó los homicidios, que pasaron de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 46 en 2023.
“Queremos visitas”
Las cárceles fueron militarizadas en enero por orden del presidente Daniel Noboa, de 36 años, a raíz de una arremetida narco que dejó una veintena de muertos, cientos de rehenes dentro de las prisiones, vehículos incendiados, ataques con explosivos y agresiones a la prensa.
En medio de la crisis, el mandatario decretó el estado de excepción y declaró a la nación en “conflicto armado interno” para combatir a una veintena de organizaciones criminales, a las que tildó de “terroristas” y “beligerantes”.
Soldados y policías armados con fusiles y apoyados por tanquetas ingresaron a las temidas penitenciarias. En Latacunga hallaron un túnel en construcción y escondites con armas, cuyas huellas se mantienen intactas.
En uno de los murales encontraron “elementos prohibidos” al hacer orificios en el dibujo de una mujer, a la altura de los senos y la vagina, según contaron soldados a periodistas. Hallaron drogas, armas, municiones, celulares.
Los capos más privilegiados de esta cárcel fueron trasladados a una de máxima seguridad en el puerto de Guayaquil (suroeste), explicaron.
Cerca un preso clamaba a gritos: “queremos visitas, a nuestros familiares”.
Cientos de soldados encapuchados, con perros y diversos tipos de armas de largo alcance como fusiles Tavor y HK vigilan el reclusorio de Latacunga. Aquí y allá, las manchas naranjas evidencian dónde hay presos. En una cancha de futsal decenas de reos forman milimétricamente y hacen una hora de ejercicio físico, bajo orden de uniformados.
“Sí, mi comando”, responden al unísono a las últimas instrucciones.
¿Maltrato?
Durante el recorrido, los militares muestran cómo los reclusos pintan, limpian paredes, barren y trapean los pisos.
“Un aplauso para ustedes”, lanza un uniformado y luego resuenan las palmas. Qué “¡viva el Ecuador!”, añade.
El despliegue militar en las calles redujo la tasa de homicidios de 28 diarios durante la primera semana de enero a 11 después de dos semanas, según datos oficiales.
La presión de soldados se extendió a todo el sistema penitenciario de Ecuador, integrado por 36 cárceles para 30.200 personas y con una ocupación de 31.300 presos, de acuerdo al más reciente censo de 2022.
Entre los callejones, algunos presos con los brazos sobre la cabeza son conducidos hacia el centro médico, donde otros esperan con las manos en alto hacia la pared.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la militarización de las cárceles y denuncian abusos.
“Han podido evidenciar el trato diario o la jornada diaria que realizan los PPL’s (personas privadas de la libertad). Han sido tratados por igual. En ningún momento hemos vulnerado ningún derecho humano”, expresó uno de los oficiales al mando.
Según el uniformado es un “cambio rotundo” y “no existe ya el maltrato”, pues antes los presos debían pagar a las bandas “para poder dormir, bañarse o alimentarse”.
¿Hasta cuándo estarán los militares en las cárceles?, preguntan periodistas.
“Hasta cuando la patria nos necesite”, responde uno de ellos.
AFP