La problemática del matrimonio infantil ha sido motivo de preocupación a nivel mundial, con millones de niñas casándose antes de cumplir los 18 años. En México, esta práctica se concentra principalmente en zonas rurales, donde miles de menores son obligadas a contraer matrimonio o unión forzada cada año, según datos de Save The Children.
Hace apenas unos días, el Senado de la República dio un paso significativo al aprobar por unanimidad una reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de proteger el interés superior de la niñez indígena, quienes son especialmente vulnerables a esta práctica. El dictamen aprobado con 74 votos a favor ahora pasará a la Cámara de Diputados para su análisis.
Durante la presentación del proyecto, el senador Rafael Espino de la Peña (Morena), presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, enfatizó la importancia de garantizar los derechos humanos de la niñez indígena sin transgredir su autonomía. Destacó que esta reforma reconoce la libre determinación de las personas y busca erradicar normas desiguales de género que perpetúan el matrimonio infantil.
La senadora Lilia Margarita Valdez (Morena) subrayó el compromiso de su grupo parlamentario con el desarrollo y protección de las niñas, adolescentes y mujeres. Enfatizó la necesidad de respetar sus derechos humanos para garantizar su desarrollo integral.
Por su parte, la senadora Josefina Vázquez Mota (PAN) denunció los abusos contra los derechos de las niñas y adolescentes que resultan de los matrimonios forzados. Destacó la urgencia de abordar esta problemática, señalando que México se encuentra entre los ocho primeros lugares a nivel mundial en esta materia, y que el matrimonio infantil no debe justificarse en nombre de tradiciones o costumbres.
La senadora Gabriela Benavides Cobos (PVEM) expresó su apoyo para fortalecer la legislación que protege a la niñez indígena y evitar que los usos y costumbres sean utilizados como pretexto para justificar matrimonios obligatorios. Subrayó la importancia de que las comunidades indígenas respeten el interés superior de la niñez.
En tanto, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) resaltó la vulnerabilidad de muchas personas que son privadas de sus derechos, especialmente en los estados del sur del país, donde prácticas como el matrimonio infantil afectan a un gran número de mujeres. Citó cifras alarmantes, como el caso de Guerrero, donde cientos de miles de niñas son vendidas y obligadas a casarse y quedar embarazadas.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas y del Gobierno de México, los estados con mayor prevalencia de matrimonio infantil incluyen a Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas. Además, se ha reportado un alto número de abusos contra mujeres indígenas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
El matrimonio infantil expone a las niñas a graves riesgos, como abusos sexuales, violencia física, embarazos no deseados y complicaciones durante el parto. Aunque en algunas comunidades indígenas se justifica como parte de la preservación cultural, ha sido objeto de críticas y esfuerzos para su erradicación.
La aprobación de esta reforma constitucional representa un avance significativo en la protección de los derechos de la niñez indígena y en la lucha contra el matrimonio infantil en México. Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar que todas las niñas puedan crecer libres de violencia y con la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.