En el contexto del aniversario de la Constitución Mexicana, celebrado el 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un paso decisivo al presentar una serie de 20 reformas, 18 de carácter constitucional y 2 legales, con el objetivo de materializar cambios significativos en diversos aspectos de la vida política, social y económica del país.
Estas reformas abarcan áreas tan diversas como la política social, la estructura institucional, el régimen económico y la infraestructura nacional. De ser implementadas, estas reformas exigirían cambios profundos en las instituciones del país, incluida una reforma fiscal que permita financiar especialmente la modificación del sistema de pensiones.
Sin embargo, el panorama para la aprobación de estas reformas en el actual periodo de sesiones del Congreso parece desafiante, dada la composición actual del mismo. Esta incertidumbre política ha generado preocupaciones sobre la estabilidad económica, política y social del país, especialmente en un año electoral como el presente.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó algunas de las implicaciones sociales, económicas e institucionales de ocho de las reformas propuestas, entre las cuales se encuentran las reformas en materia de pensiones, salario mínimo, educación y empleo, así como la desaparición de órganos autónomos, reformas al poder judicial, reforma electoral y reformas en energía y agua.
Por ejemplo, la propuesta de reforma en materia de pensiones ha generado debates debido a su naturaleza fiscalmente cuestionable, planteando desafíos en términos de sostenibilidad fiscal y generando preocupaciones sobre el impacto a largo plazo en las finanzas públicas.
Asimismo, la reforma al salario mínimo plantea desafíos en términos de equilibrio económico y puede tener implicaciones en la informalidad laboral y el crecimiento económico.
Otra propuesta importante es la reforma para garantizar la educación y el empleo, que busca elevar a rango constitucional el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Sin embargo, esta iniciativa plantea preocupaciones sobre su impacto en las finanzas públicas y la falta de medidas claras para evaluar su efectividad en la inserción laboral de los jóvenes.
Además, la propuesta de desaparición de órganos autónomos ha generado inquietudes sobre el impacto en la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en el país, mientras que la reforma al poder judicial plantea riesgos para su independencia y profesionalización.
En el ámbito electoral, la reforma propuesta podría afectar la competencia y la imparcialidad en las elecciones, lo que plantea desafíos para la democracia mexicana. Finalmente, las reformas en materia de energía y agua plantean preocupaciones sobre el acceso a recursos básicos y la seguridad jurídica en el país.
Ante este panorama, es crucial que el proceso legislativo se lleve a cabo con debates basados en datos y evidencia, teniendo en cuenta las implicaciones de cada reforma propuesta. México necesita políticas públicas que impulsen el desarrollo y el bienestar de su población, y estas reformas deben ser cuidadosamente evaluadas para garantizar que cumplan con ese objetivo.
El IMCO, como centro de investigación independiente y apartidista, continuará monitoreando de cerca estos desarrollos y proporcionando análisis fundamentados para enriquecer el debate público y la toma de decisiones en el país.