Legisladores y expertos han levantado la voz ante las aparentes anomalías en la entrega de un contrato de 116 millones de pesos a la empresa Soluciones Integrales Argal para la logística de las giras de supervisión presidenciales para el Tren Maya.
La empresa, con domicilio en una casa de una colonia popular en Durango, fue adjudicada directamente con la justificación de ser un asunto de “Seguridad Nacional”.
Este lunes 24 HORAS publicó que el Fonatur-Tren Maya entregó un contrato por 116 millones de pesos para la logística de las giras de supervisión del presidente Andrés Manuel López Obrador a Soluciones Integrales Argal, una empresa creada en Durango y cuya ubicación es una casa en una colonia popular.
El politólogo Marcos Pérez Esquer destacó la sospecha en torno al contrato, considerando que la entrega por adjudicación directa bajo la premisa de seguridad nacional no está justificada. Además, resalta la ubicación fiscal de la empresa en una casa de una colonia popular, sugiriendo similitudes con prácticas utilizadas por empresas fantasmas.
Carlos Alberto Bautista, especialista de la Universidad La Salle, señaló que la construcción del Tren Maya mediante adjudicaciones directas genera sospechas y cuestionamientos. Destaca que no todos los contratos pueden justificarse como cuestiones de seguridad nacional, lo que podría ocultar información crucial.
Por su parte, el diputado federal Daniel Gutiérrez de Morena pide a la Secretaría de la Función Pública (SFP) revisar el contrato, considerando que la logística de las giras presidenciales debería ser una función propia de la Presidencia. Sugiere que el Fonatur, cuya función principal es fomentar el turismo, debe ser evaluado para determinar si está facultado para tales contratos.
El senador Juan Manuel Fócil, del PRD, criticó el pago de 116 millones de pesos para las giras presidenciales, considerando que no tiene justificación y contradice el servicio brindado por el Ejército. Lamenta que el exdirector de Fonatur, Javier May, ahora sea aspirante de Morena a la gubernatura de Tabasco.
Mientras que la diputada Elizabeth Pérez (PRD) critica la aparente contradicción entre los contratos actuales y las posturas anteriores del presidente López Obrador. Destaca la necesidad de abordar temas de corrupción en la agenda legislativa. El contrato no está disponible públicamente en la Plataforma Nacional de Transparencia, generando preocupaciones sobre la opacidad.