La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró el miércoles ante fiscales, por tercera vez en lo que va del año, por su presunta responsabilidad en la represión a las protestas que dejaron 50 muertes tras la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo.
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Boluarte permaneció por 90 minutos en la sede del ministerio público donde compareció ante la Fiscal General, Patricia Benavides, y su adjunto Carlos Huamán.
“Hemos asistido y declarado”, dijo a la prensa el abogado presidencial Joseph Campos, tras finalizar la diligencia.
La mandataria, una abogada de 61 años, se retiró del lugar sin dar declaraciones resguardada por un fuerte contingente policial que impidió el acceso de los periodistas.
El defensor reiteró anteriores dichos de “que no existió una orden de la presidenta” a las fuerzas de seguridad del Estado para disparar en contra de los manifestantes.
Presidenta de Perú declara ante fiscalía por muertes en protestas
“Dimos declaraciones de que se controle la situación, el orden público, respetando los derechos fundamentales”, agregó.
Es la tercera vez que la fiscalía interroga a Boluarte en el marco de la investigación abierta en enero por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
El caso se abrió por “las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023”.
La fiscalía intenta determinar la responsabilidad de Boluarte en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
En caso de una acusación, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución.
La represión del gobierno peruano desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre pasado ha dejado 50 muertos, de los cuales una veintena por impactos de bala disparados por las fuerzas militares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Boluarte era vicepresidenta de Perú hasta que asumió el poder el 7 de diciembre tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su frustrado intento de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.
Castillo cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
